Misión

Impulsar la participación ciudadana desde una plataforma política que nace de la necesidad de una verdadera oposición en Veracruz, representar las causas de la sociedad veracruzana y promover soluciones democráticas a los problemas públicos, mediante una organización política plural, responsable, transparente y comprometida con la identidad, la justicia, las libertades, la pluralidad y el desarrollo de Veracruz.

Visión

Aspiramos a un Veracruz de los Veracruzanos para los Veracruzanos donde ningún ciudadano quede olvidado, donde las oportunidades no dependan de la cercanía con el poder y donde las instituciones respondan a las necesidades de la población con un trato justo.

Queremos contribuir a la construcción de un estado con seguridad, empleos dignos, educación de calidad, servicios de salud suficientes, desarrollo rural, infraestructura, respeto a los derechos humanos y gobiernos abiertos a la evaluación ciudadana.

Visualizamos una democracia en la que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo, las instituciones funcionen con independencia y la participación de la sociedad tenga consecuencias reales en las decisiones públicas.

Nuestro horizonte es devolver Veracruz a los veracruzanos, un estado más justo, libre, participativo y próspero, construido con la fuerza de su gente.

Nuestros Valores

Participación ciudadana
La sociedad tiene derecho a opinar, proponer, organizarse y vigilar las decisiones públicas.

Legalidad y justicia
La ley debe aplicarse sin privilegios, con igualdad de derechos y respeto a las libertades.

Transparencia
El ejercicio del poder debe estar sujeto a la rendición de cuentas y al escrutinio público.

Pluralidad
Las diferencias enriquecen la vida democrática y merecen respeto.

Desarrollo con justicia social
El progreso debe traducirse en oportunidades y mejores condiciones de vida para las comunidades.

Solidaridad
Ninguna persona debe quedar al margen de la dignidad, los derechos y las oportunidades.

Alianza Generacional por Veracruz: la fuerza opositora de los veracruzanos.

Asumimos la tarea de representar las inconformidades ciudadanas, exigir resultados a los gobiernos y defender el derecho de la sociedad a disentir, organizarse y participar.

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TÍTULO PRIMERO

DEL PARTIDO, NOMBRE Y SÍMBOLO, MILITANTES Y ADHERENTES,

CAPÍTULO PRIMERO DE LA NATURALEZA DEL PARTIDO

ARTÍCULO 1°

El Partido Alianza Generacional por Veracruz es una organización política estatal integrada por mujeres y hombres de diversas generaciones, unidos en el compromiso con la democracia, el progreso y los derechos humanos. Nace con la misión de construir un puente entre la experiencia y la juventud, trabajando por el respeto a la libertad y la ciudadanía, para erradicar la discriminación y alcanzar una sociedad veracruzana más justa, equitativa y con visión de futuro.

Alianza Generacional por Veracruz es, al mismo tiempo, un movimiento social inclusivo que convoca a las y los veracruzanos que rechazan la polarización y las narrativas que nos confrontan. Frente a las visiones personalistas del poder, el Partido abandera la defensa de las instituciones, la efectiva división de poderes, la independencia judicial, la autonomía parlamentaria y el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos como las únicas vías legítimas para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo social del Estado.

El Partido ejercerá sus funciones, atribuciones y facultades con estricto apego al mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la legislación electoral vigente, los ordenamientos jurídicos aplicables y los presentes Estatutos. Se sustenta en los valores de una democracia social, representativa, institucional y de vanguardia.

Por lo anterior, el Partido se constituye como una entidad de interés público. Su objetivo es canalizar la participación libre de la ciudadanía en la vida democrática, impulsar el relevo generacional en la política local, contribuir a la integración de los órganos de representación y garantizar el acceso de las y los veracruzanos a un ejercicio del poder público transparente, responsable y orientado a resultados.

ARTÍCULO 2°

Las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos son de orden público, de observancia general y aplicación obligatoria para toda su militancia, afiliadas y afiliados, personal directivo, cuadros políticos dirigentes, así como para las y los precandidatos, candidatos y órganos internos del Partido Alianza Generacional por Veracruz.

ARTÍCULO 3°

El Partido Alianza Generacional por Veracruz adopta como su emblema y logotipo oficial la representación gráfica e iconográfica que unifica la identidad veracruzana, el relevo generacional y la riqueza natural de nuestro Estado, de conformidad con el diseño autorizado por la Asamblea Estatal.

El emblema oficial del Partido está constituido por una composición artística en alta definición que se integra por los siguientes elementos simbólicos obligatorios:

1. El legado y relevo generacional: En el núcleo superior de la composición, se ubican tres figuras humanas en un plano de igualdad y fraternidad que representan las tres etapas de la vida de la militancia: a la izquierda, una mujer adulta en representación de las bases y la equidad; en el centro, un hombre adulto mayor que simboliza la experiencia, la sabiduría y la fundación; y a la derecha, un hombre joven que encarna el futuro, el relevo y el dinamismo de la organización. Las tres figuras se entrelazan en un abrazo solidario y dirigen sus miradas entre sí, proyectando unidad, consenso y diálogo intergeneracional.

2. La raíz e identidad veracruzana: Los personajes portan con orgullo la indumentaria tradicional que rescata la identidad y diversidad cultural de Veracruz. La mujer luce una blusa con finos bordados artesanales de motivos florales multicolores y un tocado de flores en el cabello; mientras que los varones visten la tradicional guayabera y camisa de manta, sombreros de paja de ala ancha típicos de las regiones de la cuenta y la huasteca; así como pañuelos o paliacates anudados al cuello, reafirmando el arraigo a nuestras tradiciones locales.

3. La fauna emblemática y el esfuerzo comunitario: En la base de las figuras humanas, emerge en primer plano de forma vigorosa la figura de un pejelagarto (catán), especie icónica de las cuencas hidráulicas de los ríos, lagunas y humedales de Veracruz. El pez se muestra dinámico sobre un oleaje de agua que simboliza la abundancia, la fuerza y la vida. Cruzando horizontalmente, se aprecia una vara o arpón de pesca tradicional con detalles rojizos, elemento que rinde homenaje a la cultura del esfuerzo, a las comunidades pesqueras y al trabajo digno de la población veracruzana.

4. La denominación oficial: En la parte inferior, cerrando la composición en perfecta simetría y equilibrio, se plasma el nombre de la organización en letras mayúsculas con tipografía de corte clásico y de alta legibilidad, distribuido en tres líneas jerárquicas: “ALIANZA GENERACIONAL” en la primera y segunda línea, seguido de la conjunción “POR” flanqueada por dos líneas horizontales de equilibrio, y coronando la base el nombre del Estado, “VERACRUZ”, con un puntaje mayor para destacar el ámbito geográfico, político y social de acción del Partido.

Para asegurar la uniformidad en la reproducción del logotipo en cualquier medio impreso, digital, utilitario o de difusión masiva, se establecen como colores oficiales e institucionales los siguientes códigos del sistema Pantone Matching System (PMS):

1. Oro institucional (tipografía y líneas de estructura): Pantone 872 C (o su equivalente directo en selección a color no metálica Pantone 465 C). Representa la riqueza cultural de Veracruz, la madurez institucional, la transparencia y la alta dignidad de los principios de la asociación.

2. Marrón orgánico y sombras de contorno: Pantone 4625 C o Pantone 7519 C. Utilizado para las líneas de grabado, contornos detallados de las figuras y la textura del pez, evocando la tierra veracruzana, el trabajo agrícola y la solidez de nuestras raíces.

3. Rojo identidad (paliacates, detalles de vestimenta y vara): Pantone 1795 C (Rojo Vivo). Simboliza la pasión por el servicio público, la energía de la juventud, el valor de la militancia y la calidez del pueblo veracruzano.

4. Azul agua (base hidráulica y destellos): Pantone 300 C o Pantone 293 C. Representa el litoral veracruzano, la pureza de sus recursos naturales, la libertad y el horizonte de progreso al que aspira la asociación.

5. Blanco y crema (fondo y vestimentas): Pantone Sólido Blanco / Pantone 7527 C. Representa la paz, la pulcritud en el actuar político y la honestidad que rige a la organización.

Las Siglas Oficiales: El Partido adopta las siglas AGVER como su acrónimo oficial e invariable para efectos legales, electorales y propaganda política. Estas siglas se desprenden de las letras iniciales de la denominación: Alianza Generacional por Veracruz.

ARTÍCULO 4°

La acción política de Alianza Generacional por Veracruz se basa en la ética, la solidaridad, la responsabilidad social, el desarrollo sustentable y la innovación institucional. Su organización y actuación se inspiran de manera estricta en su Declaración de Principios y su Programa de Acción, los cuales constituyen los ejes El Partido promoverá en todo momento la cultura democrática, el progreso social, el relevo y la cohesión generacional, la inclusión, la igualdad sustantiva de género y el respeto absoluto a la pluralidad, actuando siempre bajo el principio de legalidad y en defensa de las instituciones del Estado.

ARTICULO 5°

Los documentos básicos del Partido tienen como objetivo proponer, guiar y vigilar el cumplimiento de los siguientes fines institucionales: defender la democracia constitucional; garantizar la división de poderes; promover gobiernos financieramente responsables y transparentes; combatir la polarización social, la demagogia y las visiones personalistas o caudillistas del poder; impulsar una economía competitiva, abierta y de libre mercado con responsabilidad social; garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos; y fortalecer el federalismo, la autonomía estatal y el desarrollo de los gobiernos municipales.

ARTÍCULO 6°

Para los efectos de los presentes Estatutos, se establecen las siguientes definiciones operativas y conceptuales:

El Partido / AGVER: Partido Político Estatal Alianza Generacional por Veracruz, incluyendo su organización, estructura, patrimonio y funcionamiento interno.

Candidata o Candidato: Toda persona afiliada al Partido que, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios vigentes, ha sido seleccionada y proclamada formalmente por los órganos competentes de la organización para representar al Partido en procesos electorales para cargos de elección popular.

Candidatura: Postulación formal de personas afiliadas o ciudadanas externamente seleccionadas, conforme a los procedimientos democráticos internos, para ocupar cargos de elección popular.

Declaración de Principios: Es el documento fundacional e ideológico del Partido, define su identidad, valores, pilares morales y visión.

Democracia: Principio rector que caracteriza las estructuras institucionales del Partido, la elección interna de sus dirigentes, la selección de sus candidaturas a puestos de representación popular y el ejercicio de la autoridad partidista. Implica el acatamiento de las decisiones adoptadas por los órganos competentes y el respeto absoluto a la libertad de conciencia, expresión y opinión de la militancia.

Democracia Interna: Conjunto de procedimientos y garantías normativas que aseguran el derecho de las y los miembros del Partido a votar, ser votados, deliberar y participar activamente en la toma de decisiones y elección de sus dirigencias.

Estructura Territorial: Se refiere a los órganos de gobierno del Partido radicados en la geografía electoral del Estado de Veracruz, distribuidos en instancias distritales y municipales de carácter permanente. Las y los militantes elegirán a estos órganos de dirección conforme a las normas de estos Estatutos. Para tareas técnicas, de estudio u objetivos específicos, se podrán crear organismos funcionales auxiliares cuya vigencia se limitará al cumplimiento de sus fines.

Estatutos: Es el conjunto de normas jurídicas internas que regulan el funcionamiento, la estructura y el trabajo diaria del partido, garantizando su funcionamiento de manera democrática e institucional.

Financiamiento: Recursos económicos públicos y privados necesarios para el sostenimiento de las actividades ordinarias, permanentes, específicas y de campaña del Partido, administrados bajo los principios de legalidad, equidad, transparencia y fiscalización vigentes.

Ideología Política: Conjunto de ideas, principios y valores que definen la postura doctrinal del Partido, orientada hacia el liberalismo social y el progresismo institucional.

Militancia o Afiliación: Acto libre, individual, voluntario y pacífico por el cual las y los ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos político-electorales se unen formalmente al Partido, compartiendo sus ideales y adquiriendo los derechos y obligaciones estatutarios.

Paridad de Género: Obligación constitucional y estatutaria de postular de manera igualitaria (50% mujeres y 50% hombres) las candidaturas a cargos de elección popular y la integración de los órganos de gobierno y dirección partidista.

Participación Política Interna: Corresponsabilidad y ejercicio efectivo de los derechos y obligaciones de las y los militantes para con la vida interna, deliberación y desarrollo del Partido.

Participación y Representación Ciudadana: Orientación del Partido para que la sociedad ejerza a plenitud su derecho a la participación política, garantizando la cooperación, la consulta ciudadana, el parlamento abierto y el intercambio con las diversas instituciones sociales y comunitarias del Estado de Veracruz.

Plataforma Electoral: Documento programático oficial que contiene el conjunto de principios, propuestas, compromisos y líneas de acción política, económica, social y cultural que el Partido somete a consideración de la ciudadanía durante un proceso electoral.

Programa de Acción: Documento estratégico y programático que establece los objetivos, las directrices políticas y las líneas de trabajo permanente del partido para transformar la realidad social, económica, política y cultural del país, de acuerdo con sus principios ideológicos y su Declaración de Principios.

Registro Legal: Reconocimiento y vigencia oficial del Partido ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) e inscrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que le otorga personalidad jurídica, derechos, prerrogativas y obligaciones legales.

Unidad Administrativa: Son órganos de dirección, ejecución y representación del partido. Tienen la responsabilidad de conducir la política partidaria en sus respectivas áreas de especialización y de garantizar el cumplimiento de los acuerdos emanados de la Asamblea Estatal, el OPLE y la normatividad vigente aplicable al caso.

ARTÍCULO 7°

La militancia en el Partido Alianza Generacional por Veracruz será exclusiva, por lo que no se permitirá la afiliación simultánea a cualquier otro Partido político estatal y/o nacional; será caso de excepción cuando se trate de asociaciones civiles y políticas que compartan objetivos y valores señalados en nuestra Declaración de Principios.

ARTÍCULO 8°

Conforme a la legislación vigente en materia electoral, las normas establecidas y los presentes Estatutos, el Partido deberá garantizar la participación numérica paritaria de mujeres y hombres y, de manera proporcional, de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, de atención prioritaria y por su origen étnico, en los procesos electorales, tanto para la elección de dirigentes y órganos de dirección, como para candidaturas a cargos de elección popular, garantizando en todo momento la participación de las mujeres en un 50% del total de cargos a elegir.

El Partido impulsará el empoderamiento de las mujeres para que accedan a cargos de dirigencia y de elección popular, garantizando, sin excepción, la paridad de género en la integración de los cargos de dirigencia partidista y en la postulación a las candidaturas de diputaciones locales y planillas de Ayuntamientos.

Los órganos de dirección del Partido deben promover y tutelar en todo momento la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, de conformidad con nuestro Reglamento para la Prevención, Atención, Sanción, Reparación y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

De manera plural y democrática, el Partido implementará acciones afirmativas a favor de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad a fin de evitar que sean objetos de marginación en los procesos para la integración de sus órganos de dirección y elección de candidatos.

Estás acciones deberán estar consideradas en el contenido de las convocatorias que se emitan para tal fin.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente aquellos distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales en los que el Partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral inmediato anterior.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA MILITANCIA

ARTÍCULO 9°

Son militantes afiliados del Partido Alianza Generacional por Veracruz las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Registro Partidario, que hayan suscrito su solicitud de afiliación y se encuentren incorporados al Padrón de Afiliados del Partido.

Podrán afiliarse ciudadanos que compartan los principios del Partido, no pertenezcan a otro Partido político, y se comprometan con la observancia y cumplimientos de los presentes Estatutos, su Declaración de Principios y el Programa de Acción.

La afiliación al Partido podrá ser solicitada por cualquier ciudadano o ciudadana que se encuentre inscrito en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores vigentes, y en pleno goce de sus derechos político-electorales. Esta solicitud deberá presentarse de manera individual ante cualquiera de los órganos de representación del Partido en el Estado de Veracruz.

Para acreditar su afiliación al Partido, los nuevos militantes recibirán la credencial que haga constar su pertenencia a nuestra organización política, y con ello, la aceptación voluntaria de cumplir con lo establecido en los presentes Estatutos.

El procedimiento de afiliación e ingreso individual, personal, libre y pacífico de las y los nuevos afiliados y la conformación del Registro Partidario serán en los términos de los presentes Estatutos. Para efectos de los procesos electorales, el Registro Partidario será el que se encuentre vigente a la fecha de emitir la respectiva convocatoria para los cargos de elección popular.

ARTÍCULO 10°

Todas y todos los militantes afiliados del Partido Alianza Generacional por Veracruz, por su calidad de tales, gozan de los mismos derechos, sin discriminación o privilegio alguno con las excepciones que los propios Estatutos establecen.

Son derechos de los militantes:

I. Participar personalmente y de manera directa, o por medio de delegados y delegadas en Asambleas, Consejos, Convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relativas a la vida interna del Partido, en los términos de los presentes Estatutos.

II. Elegir, en su calidad de delegado o delegada a la Asamblea Estatal, a los y las integrantes de los órganos de dirección del Partido, con respeto a las normas estatutarias, reglamentarias y lineamientos aplicables.

III. Garantía de máxima participación en la vida interna del Partido.

IV. El derecho de opinión y discusión sobre posiciones políticas y su difusión dentro del Partido.

V. El derecho a elegir y ser elegido o elegida en los procesos internos, así como de optar en igualdad de condiciones a representar al Partido en elecciones ordinarias, cumpliendo con los requisitos que se establezcan para tal fin.

VI. Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como el derecho de ser nombrado(a) para cualquier otro empleo, cargo o comisión al interior del Partido.

VII. Solicitar y recibir información sobre cualquier asunto del Partido político.

VIII. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes.

IX. El derecho inalienable a la libertad de expresión.

X. Exigir el cumplimiento de sus documentos básicos.

XI. Tener acceso a la justicia partidaria interna, gozando en todo momento de las garantías de audiencia, defensa, presunción de inocencia y debido proceso; así como recibir orientación jurídica cuando sus derechos como militante sean presuntamente violentados al interior del Partido;

XII. Impugnar ante los órganos jurisdiccionales las resoluciones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales.

XIII. Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante.

XIV. Recibir de los órganos directivos del Partido la capacitación cívico-política necesaria para desempeñarse como afiliadas, afiliados y/o dirigentes del Partido, así como para su desempeño en campañas políticas cuando hayan sido electos como candidatas y candidatos.

La calidad de militante afiliado y afiliada obliga a los siguientes deberes:

I. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asistir.

II. Acatar y respetar fielmente la Declaración de Principios y Estatutos del Partido y Programa de Acción, así como acatar la normatividad interna y las resoluciones que sean aprobadas por sus órganos de dirección.

III. Respetar y difundir los principios ideológicos y el Programa de Acción.

IV. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias.

V. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral.

VI. Cumplir las tareas que se les encomienden y las resoluciones y acuerdos del Partido legalmente adoptados. La labor del afiliado o afiliada y del dirigente debe desempeñarse siempre en el marco de los organismos del Partido.

VII. Respaldar, apoyar y participar de las campañas políticas de los y las candidatas postulados por el Partido, comprometerse a apoyar la Plataforma Electoral, participar en las casillas electorales como representantes del Partido y de candidatos o candidatas, así como desarrollar las comisiones y cargos que les asigne el Partido y, en su caso, abstenerse de cualquier toma de posición pública que pueda perjudicar los intereses del Partido y de sus candidatos o candidatas.

VIII. Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del Partido político.

IX. Cada afiliado o afiliada debe contribuir al sostenimiento económico para el financiamiento del Partido.

Causará baja como militante o adherente del Partido, cuando:

I. Se afilie a otro Partido político;

II. Renuncie públicamente y que haya formalizado dicha renuncia por escrito;

III. Sea sancionado con la expulsión por el órgano de justicia interna competente, mediante resolución firme y con estricto apego al debido proceso, por incumplir gravemente las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos;

IV. Sea postulado o postulada por otro Partido político a cualquier cargo de elección popular, siempre que no sea resultado de una coalición o alianza.

V. Por cualquier otra causa señalada en los presentes Estatutos.

La renuncia como militante o adherente del Partido dará lugar a la pérdida inmediata de derechos y obligaciones, así como a los órganos, función o representaciones del Partido para las cuales haya sido electo(a) o designado(a).

ARTÍCULO 11°

Los adherentes al Partido serán aquellas ciudadanas y ciudadanos simpatizantes que, sin contar con la calidad de afiliados ni formar parte del padrón de militantes, tengan como propósito fundamental coadyuvar a título personal en el cumplimiento del Programa de Acción y demás tareas que se realicen en sus diversos niveles de dirección y operación. Sus deberes específicos con el Partido serán aquellos que libremente convengan con la estructura partidaria a la cual se adscriben, aclarando que esta condición no les otorga derechos de voto ni de postulación en los procesos de democracia interna del Partido.

La participación política tanto de los militantes como de los adherentes será libre e individual, por lo que queda prohibida cualquier forma de afiliación corporativa de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras, conforme a lo establecido por la Ley General de Partidos Políticos.

CAPÍTULO TERCERO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 12°

Los datos personales de las y los militantes, simpatizantes, adherentes y ciudadanía en general serán recabados mediante la inscripción a los diversos programas, convocatorias y demás eventos a los cuales convoque el Partido con el propósito de cumplir con sus actividades ordinarias permanentes y específicas; la inscripción se podrá llevar a cabo a través de un formulario web o de manera personal. En todo momento que se recaben datos personales, el Partido pondrá a disposición de las y los interesados el Aviso de Privacidad correspondiente, de conformidad con la normatividad de la materia.

Asimismo, los datos personales de las y los militantes y el ejercicio de sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) estarán plenamente protegidos de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como por los reglamentos y lineamientos aplicables emitidos por el Instituto Nacional Electoral y los organismos garantes de transparencia correspondientes, siendo el Órgano o Unidad de Transparencia interna del Partido la responsable de garantizarlos.

El Partido informará a las y los interesados oportunamente cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos legales o institucionales que afecten el tratamiento y protección de sus datos personales. Dichas actualizaciones se harán del conocimiento público a través de la página web oficial del Partido, sus estrados físicos e institucionales, y mediante correo electrónico cuando el titular de los datos lo haya proporcionado para tal efecto.

TÍTULO SEGUNDO: DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL PARTIDO

ARTÍCULO 13°

Los organismos políticos de dirección del Partido son:

1. La Asamblea Estatal

2. La Junta de Gobierno

3. La Presidencia de la Junta de Gobierno

4. La Secretaría General de la Junta de Gobierno

5. El Consejo de Administración

6. La Secretaría Ejecutiva

7. La Comisión Estatal de Procesos Internos

8. La Comisión de Justicia Partidaria

9. Los órganos políticos territoriales son las Juntas de Gobierno Distritales (JGD) y las Juntas de Gobierno Municipales (JGM).

La Asamblea Estatal. Será el máximo órgano de autoridad del Partido. Estará coordinada por el presidente de la Junta de Gobierno y quien ocupe la titularidad de la Secretaría Ejecutiva; la integrarán las y los integrantes de la Junta de Gobierno, las y los presidentes de las Juntas de Gobierno Distritales. Todos ellos concurrirán a la misma con voz y voto.

La Junta de Gobierno. Es el órgano ejecutivo de dirección colegiada que tiene a su cargo la representación y dirección política del Partido en el estado. Es la responsable de dirigir las actividades y vigilar el funcionamiento e integración de las áreas políticas y administrativas que integran al Partido.

La Presidencia de la Junta de Gobierno. Tiene la función de garantizar la coordinación, operación y funcionamiento del Partido.

La Secretaría General de la Junta de Gobierno. Será la responsable de garantizar la Equidad de Género, así como mantener actualizado el registro de militantes del Partido.

El Consejo de Administración. Es el órgano responsable de proponer a la Junta de Gobierno las políticas y programas generales del Partido, así como de los procedimientos administrativos establecidos para tal fin, en observancia del marco jurídico vigente y los documentos básicos.

La Secretaría Ejecutiva. Es la responsable de coordinar las actividades del Consejo de Administración, conduce las actividades ordinarias de los órganos ejecutivos y su administración y ejerce la representación legal del Partido. Cumple la función de la Secretaría Técnica de la Asamblea Estatal y de la Junta de Gobierno.

La Comisión Estatal de Procesos Internos. Es el órgano colegiado responsable de la organización de los procesos internos para la integración de los órganos de gobierno del Partido y para la selección de candidaturas.

La Comisión de Justicia Partidaria. Es el órgano responsable de la impartición de justicia y la defensa de los derechos de las y los militantes.

Las Juntas de Gobierno Distritales. Las Juntas de Gobierno Distritales y las Juntas de Gobierno Municipales tendrán el carácter de permanentes y constituyen la representación del Partido en sus respectivos ámbitos territoriales para garantizar de forma continua los derechos de la militancia. Para los procesos electorales se podrán constituir comités u organismos auxiliares de carácter temporal conforme a los reglamentos aplicables.

En la integración de los órganos internos del Partido se debe garantizar en todo momento el principio de paridad de género y reconocer el liderazgo político de las mujeres al interior del Partido.

Los integrantes de los órganos políticos de dirección podrán desempeñar dos cargos de manera simultánea que resulten compatibles, ya sea dentro del Partido, o en la administración pública federal, estatal o municipal o en cualquier otro organismo autónomo del Estado, con excepción de aquéllos en que esté expresamente prohibido por las leyes.

Podrán hacerlo cuando la responsabilidad asignada sea resultado de la representación del nombramiento de origen, siempre que el cargo no sirva de mecanismo de control del otro; y que los objetivos no se opongan entre sí. En caso contrario deberá elegir de entre uno de ellos.

ARTICULO 14°

El uso de herramientas tecnológicas está permitido para las actividades de deliberación y organización del Partido. Las sesiones y reuniones de trabajo que realicen tanto los órganos de gobierno, como sus órganos ejecutivos, podrán realizarse de manera presencial, virtual o mixta. La naturaleza y formato deberá señalarse en la convocatoria que se expida para tal fin.

En las sesiones que realicen los órganos de gobierno de manera virtual o mixta y que impliquen la toma de acuerdos que impacten en la vida interna del Partido, se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la certeza, legalidad y verificación de identidad de los participantes en los términos de la ley y su Reglamento.

Los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán vigencia plena, independientemente del formato de la sesión, para lo cual deberán elaborarse y signarse obligatoriamente las actas y/o minutas que correspondan, a fin garantizar su validez legal y dar fe de los acuerdos.

CAPÍTULO PRIMERO DE LA ASAMBLEA ESTATAL

ARTÍCULO 15°

De la Asamblea Estatal Ordinaria.

La Asamblea Estatal Ordinaria se reunirá una vez al año y será convocada por:

a) Las y los integrantes de la Junta de Gobierno;

b) Por el treinta por ciento de integrantes del padrón estatal de militantes, mismos que podrán ser representados por las y los delegados a la Asamblea Estatal designados por los integrantes de las Juntas de Gobierno Distritales.

La convocatoria que emita la Junta de Gobierno contendrá el lugar, fecha, hora en que se llevará a cabo la Asamblea, así como la orden del día de los asuntos a tratar; se emitirá con tres días naturales antes del día de su celebración y contendrá en su caso, notificación a los presidentes de las Juntas de Gobierno Distritales, a efecto de designar a las y los delegados estatales de conformidad con los presentes Estatutos.

La convocatoria llevará la firma de las y los integrantes de la Junta de Gobierno o de las y los militantes que convocan.

Las y los delegados estatales designados por las Juntas de Gobierno Distritales deberán registrar los asuntos de interés que la militancia del Distrito correspondiente les presente como materia de análisis y discusión de la Asamblea Estatal, mismos que deberán ser aprobados por las y los miembros de la Junta de Gobierno.

La convocatoria será notificada a las y los integrantes de la Asamblea Estatal a través de los Estrados de las Juntas de Gobierno Distritales y oficinas del Partido a nivel estatal. Las y los miembros de la Asamblea Estatal recibirán los documentos relativos a los asuntos del orden del día de manera simultánea a la convocatoria.

Para que la Asamblea Estatal Ordinaria se considere legalmente instalada, deberán estar presentes la mayoría de sus miembros de conformidad con los incisos a) y b) del presente artículo. Los acuerdos y resoluciones serán válidos con el voto aprobatorio de la mitad más uno de los miembros presentes, salvo que la Junta de Gobierno emita un acuerdo para casos particulares o de excepción.

ARTÍCULO 16°

Facultades de la Asamblea Estatal Ordinaria:

I. Recibir el informe de la Junta de Gobierno y del Consejo de Administración, relativo a las actividades generales desarrolladas por los órganos ejecutivos del Partido;

II. Analizar y decidir lo inherente a las modificaciones o reformas de los documentos básicos del Partido como lo son los Estatutos, su Declaración de Principios y su Programa de Acción. Para su aprobación se requerirá el voto de la mitad más uno de los miembros presentes;

III. Analizar y decidir todo lo relativo al cambio y reestructura de los órganos de dirección del Partido Alianza Generacional por Veracruz, así como de sus objetivos y atribuciones. Se requerirá el voto de la mitad más uno de los miembros presentes para su aprobación;

IV. Elegir para el periodo que corresponda a los integrantes de la Junta de Gobierno, observando la integración paritaria de sus miembros y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Estatuto.

ARTÍCULO 17°

La Asamblea Estatal sesionará de manera extraordinaria cada vez que exista una situación de carácter urgente y podrá ser convocada por:

a) La mayoría de las y los integrantes de la Junta de Gobierno;

b) El treinta por ciento de integrantes del padrón estatal de militantes.

La convocatoria que emita la Junta de Gobierno se hará pública con al menos 24 horas de anticipación por la mayoría de los integrantes de dicho órgano; la convocatoria contendrá el lugar, fecha, hora en que se llevará a cabo la Asamblea Estatal Extraordinaria, así como el orden del día de los asuntos a tratar, mismo que sólo incluirá el asunto para la que ha sido convocada.

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTÍCULO 18°

Para el ejercicio de las atribuciones y funciones conferidas por este Estatuto, la Junta de Gobierno se integra por:

1. Cinco integrantes, con voz y voto, designados por la Asamblea Estatal por un periodo de tres años; su integración observará la paridad de género. Tendrán un carácter de honoríficos y para el desempeño de sus funciones durante el año electoral o el proceso para la renovación de la dirigencia recibirán una dieta que se determine mediante acuerdo de las y los miembros del Consejo de Administración.

El Secretario Ejecutivo formará parte de la Junta de Gobierno sólo con voz.

2. La Presidencia de la Junta, con voz y voto, será designada de entre los integrantes de la Junta de Gobierno; por efectos del ejercicio de las atribuciones que deban someterse a votación de la Junta, contará con voto de calidad exclusivamente en caso de empate. La Presidencia de la Junta podrá ser removida de su encargo en caso de acreditarse algunas de las causales de imposición de sanciones, para lo cual los integrantes de la Junta deberán elegir una nueva Presidencia de entre sus miembros.

3. La Secretaría General, con voz y voto, será designada de entre los integrantes de la Junta de Gobierno. La Secretaría General podrá ser removida de su encargo en caso de acreditarse algunas de las causales de imposición de sanciones, para lo cual los integrantes de la Junta deberán elegir una nueva Secretaría General de entre sus miembros, observando en todo momento la paridad de género.

4. Una Secretaría Técnica, con voz, que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, mismo(a) que será designado(a) por las y los integrantes de este órgano de gobierno, a propuesta de su presidente(a).

Quienes formen parte de la Junta de Gobierno, recibirán la denominación de integrantes de la misma, con excepción de la Presidencia y la Secretaría General.

El titular de la Secretaría Ejecutiva no podrá en ningún caso ocupar de manera simultánea la Presidencia de la Junta de Gobierno; sólo podrá hacerlo en la ausencia temporal de la Presidencia de la Junta o durante el periodo en que los integrantes de la propia Junta designen a un nuevo(a) presidente(a) para cumplir el periodo estatutario para el que fue electo.

Los cinco integrantes de la Junta de Gobierno y el titular de la Secretaría Ejecutiva serán electos para un periodo de tres años y podrán optar por la reelección sólo para un periodo adicional. En caso de renuncia o ausencia definitiva, la Junta de Gobierno nombrará, a propuesta de la Presidencia, a un suplente para concluir el periodo estatutario.

Los integrantes de la Junta podrán ser removidos de su encargo en caso de acreditarse algunas de las causales de imposición de sanciones señaladas en el artículo 66° de los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 19°

La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

I. Expedir la convocatoria para la celebración de la Asamblea Estatal Ordinaria por acuerdo de sus integrantes o a solicitud del treinta por ciento de integrantes del padrón estatal de militantes.

II. Expedir, modificar y aprobar los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones de carácter jurídico y administrativo que sean necesarios para el buen funcionamiento del Partido.

III. Aprobar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Partido que le proponga el Consejo de Administración.

IV. Designar a la Secretaría General a propuesta de la Presidencia de la Junta.

V. Designar al titular de la Secretaría Ejecutiva a propuesta de la Presidencia de la Junta.

VI. Designar a las y los integrantes de la Comisión de Procesos Internos.

VII. Designar a las y los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria.

VIII. Conocer y resolver sobre los informes que rinda la Secretaría Ejecutiva.

IX. Acordar lo conducente para la elección, instalación y funcionamiento de las Juntas Distritales y Municipales durante el periodo de proceso electoral.

X. Nombrar a las y los presidentes de las Juntas de Gobierno Distritales y Juntas Municipales.

XI. Resolver sobre los convenios de coalición, alianza y de fusión que se celebren con otros partidos políticos.

XII. Vigilar que en lo relativo al ejercicio de las prerrogativas se actúe con apego al Código Electoral del Estado de Veracruz, pudiendo en todo caso auxiliarse por el personal profesional que sea necesario.

XIII. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables y las prerrogativas.

XIV. Supervisar, evaluar y aprobar el cumplimiento de los programas de trabajo del Partido.

XV. Aprobar el programa anual de actividades que será elaborado por la Secretaría Ejecutiva.

XVI. Conocer los informes que el Consejo de Administración rinda por conducto de la Presidencia de la Junta.

XVII. Expedir las Convocatorias y Reglamentos específicos que normen los procedimientos de elección de dirigentes y postulación de candidatas y candidatos.

XVIII. Supervisar que en la postulación de candidatas y candidatos del Partido cumplan con el principio de paridad de género.

XIX. Aprobar la plataforma electoral que presente el Partido para la elección del Gobernador(a), diputadas y diputados y las de carácter municipal para los Ayuntamientos.

XX. Aprobar los lineamientos internos en materia de precampañas a que hace referencia el Código Electoral del Estado de Veracruz.

XXI. Aprobar el uso y contenidos sobre la asignación de los tiempos de radio y televisión que, como prerrogativa se establece a favor del Partido, conforme al Código Electoral del Estado Veracruz.

CAPÍTULO TERCERO DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTÍCULO 20°

La Presidencia de la Junta de Gobierno será electa por los integrantes de la misma para un periodo de tres años. Tendrá las facultades de conducción política, estrategia y representación institucional del Partido, consistentes en las atribuciones siguientes:

I. Promover la unidad, cohesión y directrices políticas de las actividades de todos los órganos del Partido.

II. Convocar, presidir y conducir las sesiones de la Junta de Gobierno y del Consejo de Administración.

III. Ostentar la representación institucional y política del Partido ante las autoridades civiles, políticas y los poderes públicos del Estado y la Federación.

IV. Vigilar y supervisar el estricto cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno y el Consejo de Administración.

V. Firmar, conjuntamente con el titular de la Secretaría Ejecutiva, los convenios de coalición, alianzas, frentes o fusiones electorales, así como los acuerdos celebrados con autoridades electorales y partidos políticos.

VI. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de la Secretaría General, del titular de la Secretaría Ejecutiva, así como la integración de las comisiones de Justicia Partidaria y Procesos Internos.

VII. Coordinar las relaciones de vinculación institucional entre el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), el Instituto Nacional Electoral (INE), los demás partidos políticos y el Partido.

VIII. Designar, remover o ratificar a las y los titulares de las Unidades Administrativas del Partido, atendiendo a la estructura aprobada por la Junta de Gobierno.

IX. Acreditar formalmente a las y los representantes del Partido ante el Consejo General, comisiones y órganos desconcentrados del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), así como ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

X. Las demás de carácter eminentemente político y estratégico que le confiera la Junta de Gobierno.

Tendrá a su cargo:

• Una Unidad de Transparencia responsable de garantizar, coordinar y supervisar el Derecho de Acceso a la Información Pública y la protección de datos personales dentro del Partido. Es el vínculo directo entre la ciudadanía y la organización, encargado de recibir, tramitar y responder las solicitudes de información en los tiempos legales, así como de mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia con las obligaciones correspondientes, asegurando una cultura de rendición de cuentas.

• El Órgano Interno de Control responsable de prevenir, investigar, vigilar y sancionar las faltas administrativas y el uso inadecuado de los recursos humanos, financieros y materiales del Partido. Funciona de manera independiente para auditar la gestión interna, asegurar el cumplimiento de la normatividad legal y estatutaria, y recibir denuncias e inconformidades en materia administrativa, promoviendo siempre la honestidad, la legalidad y la eficiencia en el actuar del partido.

• Una Unidad de Comunicación Social responsable de diseñar, coordinar y ejecutar la estrategia de comunicación interna y externa del Partido. Se encarga de gestionar la relación con los medios de comunicación, difundir las posturas oficiales, actividades y logros de la organización, así como administrar los canales digitales institucionales. Su objetivo es proyectar la identidad y los valores del partido de manera clara, oportuna y veraz ante la militancia y la ciudadanía.

La Secretaría General de la Junta de Gobierno será electa por los integrantes de la misma para un periodo de tres años. Tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover y garantizar la Equidad de Género, entre los órganos de Dirección, militantes, candidatos y ciudadanía en general.

II. Vigilar el cumplimiento de los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

III. Mantener actualizado el registro de militantes del partido.

IV. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento del Titular de la Unidad de Género y vínculo con la sociedad civil.

V. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento del Titular de la Unidad de Afiliación Partidaria.

Tendrá a su cargo:

• Una unidad responsable de la Equidad de Género para dar cumplimiento a la normatividad establecida para ello, estableciendo el vínculo permanente con los diversos sectores de la sociedad, promoviendo la participación ciudadana efectiva en las actividades y la vida interna del Partido.

• Una unidad responsable del mantenimiento, revisión y actualización del padrón de militantes y registro partidario, así como de la afiliación de nuevos miembros, la cual estará coordinada funcionalmente por la Secretaría General, sin perjuicio de las atribuciones de administración y ejercicio presupuestal que correspondan a la Secretaría Ejecutiva.

• Aquellas actividades que le delegue la Presidencia de la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO CUARTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 21°

El Consejo de Administración será presidido por el presidente(a) de la Junta de Gobierno y contará con la participación con derecho a voz y voto del titular de la Secretaría Ejecutiva, quien fungirá como Secretario(a) Técnico del Consejo; y con derecho a voz y voto de los titulares de las Unidades Administrativas nombrados para atender las tareas relativas a la Organización Política, Elecciones, Finanzas y Administración, Formación Política, Igualdad de Género e Inclusión y Asuntos Jurídicos; y todas aquellas que se requieran para el buen funcionamiento del Partido.

ARTÍCULO 22°

El Consejo de Administración podrá autorizar las modificaciones a la plantilla de personal eventual, previa solicitud y la aprobación de la Secretaría Ejecutiva, atendiendo a la disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULO 23°

El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

I. Proponer a la Junta de Gobierno las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Partido, con observancia a sus documentos básicos.

II. Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el manual de organización y el catálogo de cargos y puestos del Partido que para tal efecto le remita la Secretaría Ejecutiva.

III. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y el presente Estatuto.

CAPÍTULO QUINTO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

ARTÍCULO 24°

El titular de la Secretaría Ejecutiva será integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo de Administración en calidad de responsable de la Secretaría Técnica, por lo que deberá vigilar la ejecución de todos los acuerdos y decisiones de ambos órganos de dirección del Partido.

La designación del titular de la Secretaría Ejecutiva la realizará la Junta de Gobierno a propuesta de su presidencia; su periodo de ejercicio será por tres años y podrá ser reelecto hasta por un periodo adicional. Sólo podrá ser removido del cargo por acuerdo del pleno de la Junta de Gobierno.

La Secretaría Ejecutiva auxiliará a la Junta de Gobierno y a su presidencia en el ejercicio de sus atribuciones y funciones; y dará seguimiento e informará a la Junta sobre el cumplimiento de sus acuerdos, además de ejercer la representación legal del Partido.

Además, coordinará la administración y supervisará el desarrollo adecuado de las actividades de los Órganos Ejecutivos y Unidades Administrativas del Partido; así como vigilar el cumplimiento de las políticas generales, programas y procedimientos para la consecución de los objetivos institucionales.

ARTÍCULO 25°

La Secretaría Ejecutiva es el órgano de operación, administración y ejecución legal del Partido. Auxiliará de manera permanente a la Junta de Gobierno y a la Presidencia, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Ejercer la representación legal del Partido ante personas físicas o morales, autoridades administrativas, fiscales, laborales y toda clase de tribunales, con las más amplias facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, incluyendo la facultad de otorgar y revocar poderes especiales.

II. Coordinar, supervisar y dirigir la administración interna, el personal, los recursos materiales y el desarrollo adecuado de las Unidades Administrativas del Partido.

III. Elaborar y presentar al Consejo de Administración y a la Junta de Gobierno el programa anual de actividades y el anteproyecto de presupuesto del Partido.

IV. Administrar y ejercer los recursos financieros, las prerrogativas del Partido y el financiamiento privado, siendo el responsable directo del gasto y de la rendición de cuentas ante el sistema de fiscalización de la autoridad electoral.

V. Tramitar formalmente ante el OPLE el registro de las candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones Locales (de mayoría relativa y representación proporcional) y las planillas para los Ayuntamientos, con base estricta en los dictámenes y declaraciones de validez emitidos por la Comisión Estatal de Procesos Internos.

VI. Presentar y registrar formalmente ante la autoridad electoral la plataforma electoral del Partido, previamente aprobada por la Junta de Gobierno.

VII. Firmar, junto con la Presidencia de la Junta de Gobierno, los acuerdos de carácter formal y los convenios institucionales que emita el partido.

VIII. Suplir las ausencias temporales de la Presidencia de la Junta de Gobierno exclusivamente para efectos internos y de continuidad administrativa.

IX. Las demás de carácter ejecutivo, administrativo y de representación legal que le encomiende la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 26°

En su calidad de responsable de la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno, el titular de la Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar a la Junta y a su Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones.

II. Preparar el orden del día de las sesiones de la Junta, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de la propia Junta de Gobierno.

III. Ejecutar, proveer lo necesario y vigilar que se cumplan los acuerdos y decisiones tomados tanto por la Junta de Gobierno como por el Consejo de Administración.

IV. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

V. Dar cuenta de los proyectos de dictamen de las comisiones estatales.

VI. Llevar el control y administración del archivo general de la Junta de Gobierno y del Consejo de Administración.

VII. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno y el nombramiento de los Titulares de las Unidades Administrativas.

VIII. Firmar, junto con la presidencia de la Junta de Gobierno, todos los acuerdos y resoluciones que emita.

IX. Las demás que le sean conferidas por la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 27°

Para el desempeño de sus funciones, el Partido contará, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, con Unidades Administrativas encargadas del despacho de los asuntos relativos a la Organización Política, Elecciones, Finanzas y Administración, Formación Política, Igualdad de Género e Inclusión y Asuntos Jurídicos. Dichos cargos serán designados por la Presidencia de la Junta de Gobierno.

Para el adecuado desarrollo de sus trabajos, la Secretaría Ejecutiva tendrá a su cargo las siguientes unidades administrativas:

I. Organización Política. Es la encargada de la estructura interna, la territorialidad y la cohesión de la militancia. Su tarea es coordinar y supervisar la integración y funcionamiento de los comités estatutarios en los distintos niveles territoriales (distrital o municipal), promoviendo el crecimiento de la militancia y fomentando el enlace y la articulación entre las diferentes estructuras operativas del partido.

II. Elecciones. Es la responsable de la estrategia electoral, la representación y el seguimiento operativo del voto. Es la Unidad responsable del diseño y operación de la estrategia electoral de campaña y del partido, organizando la estructura de promoción y defensa del voto para cada proceso electoral. Debe coordinar la selección, capacitación y acreditación de los representantes del partido ante las mesas directivas de casilla y los órganos electorales, además de integrar, en coordinación con las unidades correspondientes, la cartografía y el diagnóstico electoral para la toma de decisiones estratégicas.

III. Finanzas y Administración, es la encargada de la gestión de los recursos económicos, patrimoniales y del cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal. Le corresponde administrar el patrimonio del partido, los recursos financieros ordinarios y de campaña conforme a la normatividad vigente. Es responsable de elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos, sometiéndolo a aprobación de los órganos de dirección y de gobierno, así como la supervisión de su ejecución. Deberá observar el cumplimiento estricto de las obligaciones de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia ante la autoridad electoral competente, realizando la contabilidad del partido y coordinando las auditorías internas y externas.

IV. Formación Política, es la unidad encargada de la capacitación ideológica, técnica y cívica de la militancia y los cuadros dirigentes. Para ello, deberá diseñar e impartir el programa permanente de capacitación y formación política para la militancia, simpatizantes y dirigentes.

Durante cada proceso electoral deberá elaborar los planes de formación específicos para quienes aspiren a cargos de elección popular o de representación del partido. Es su tarea promover la investigación, el estudio de la realidad social y la difusión de la plataforma ideológica y las propuestas del partido. Para ello, debe cumplir con el porcentaje del financiamiento público destinado por ley para el desarrollo del liderazgo político.

V. Igualdad de Género e Inclusión, es el órgano garante de la equidad, la paridad sustantiva y la participación de grupos prioritarios o en situación de vulnerabilidad. En sus programas y acciones debe cumplir con la transversalización de la perspectiva de género e inclusión en todas las políticas, reglamentos y actuaciones del partido. Así mismo, es responsable de vigilar el cumplimiento de la paridad de género en la integración de órganos directivos y en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Le corresponde diseñar programas para el fortalecimiento y promoción del liderazgo político de las mujeres y colectivos de atención prioritaria; así como aplicar los mecanismos internos para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

VI. Asuntos Jurídicos, es la unidad responsable de observar la normatividad y de defensa legal del partido ante las autoridades y terceros. Deberá dictaminar y velar en todo momento por la legalidad y constitucionalidad de los acuerdos, estatutos, reglamentos e instrumentos jurídicos del partido. Corresponde a su titular la defensa jurídica ante tribunales u otras instancias administrativas y judiciales, para lo cual deberá elaborar los medios de impugnación, recursos, denuncias y quejas necesarios para la defensa de los derechos e intereses del partido y sus candidaturas. Corresponde a su función brindar asesoría y acompañamiento jurídico permanente a los órganos de dirección.

Adicionalmente, el titular de la Secretaría Ejecutiva podrá proponer al Consejo de Administración la creación de nuevas unidades, las cuales tendrán las funciones que el propio Consejo establezca para justificar su creación.

ARTÍCULO 28°

Las Unidades Administrativas tienen las atribuciones que deberán estar contenidas en el Reglamento para el gobierno interior del Partido y la normatividad vigente que para tal fin emita la Junta de Gobierno a propuesta de la Secretaría Ejecutiva.

ARTÍCULO 29°

Para el cumplimiento de las atribuciones corresponde a los responsables de las Unidades Administrativas:

I. Desempeñar sus funciones observando en todo momento los principios de establecidos en los documentos básicos del Partido y la normatividad electoral vigente;

II. Acordar, conforme a su adscripción, con el titular de la Secretaría Ejecutiva, los asuntos de su competencia;

III. Cumplir las instrucciones que emita la Junta de Gobierno, la presidencia de la Junta y sus integrantes, el Consejo de Administración y el titular de la Secretaría Ejecutiva, en el ámbito de sus atribuciones;

IV. Asistir a las sesiones y reuniones de trabajo de la Junta de Gobierno, cuando así lo solicite la Presidencia, por tratarse de asuntos de su competencia;

V. Asistir a las Reuniones de Trabajo convocadas por la Presidencia de la Junta o el titular de la Secretaría Ejecutiva, en el ámbito de sus atribuciones;

VI. Proporcionar los informes, datos y documentos que soliciten la Presidencia de la Junta, el Consejo de Administración y el titular de la Secretaría Ejecutiva;

VII. Formular el anteproyecto de presupuesto de la Unidad a su cargo y

CAPÍTULO SEXTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS

ARTÍCULO 30°

La Comisión Estatal de Procesos Internos es el órgano del Partido responsable de los procedimientos señalados para la elección de dirigentes y postulación de candidatos a cargos de elección popular en el ámbito estatal, distrital y municipal, mismos que serán de observancia general para todas las y los militantes y dirigentes, bajo los principios democráticos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia, aplicando los criterios de igualdad y paridad de género.

Para asegurar la correcta implementación de estos criterios, este órgano contará con una integración multidisciplinaria, garantizando que sus miembros posean conocimientos y especializaciones diversas en materia electoral, de derechos humanos y perspectiva de género en todo momento y en cada una de las etapas del proceso.

ARTÍCULO 31°

Es responsabilidad de la Comisión Estatal de Procesos Internos la coordinación de los procesos de elección y postulación de candidatas y candidatos en el ámbito estatal, distrital y municipal, así como de coadyuvar con la Junta de Gobierno en el proceso de nombramiento de las y los dirigentes municipales.

La Comisión Estatal de Procesos Internos estará integrada por tres comisionados, dos de ellos serán miembros de la Junta de Gobierno elegidos de entre sus integrantes y el tercero será el Titular de la Unidad de Acción Electoral dependiente de la Secretaría Ejecutiva. El presidente(a) de la Comisión Estatal de Procesos Internos será electo(a) por el pleno de la Junta de Gobierno para un periodo máximo de tres años.

Las resoluciones se tendrán por legalmente válidas por votación de dos de sus tres miembros. Los miembros de la Comisión Estatal de Procesos Internos sólo podrán ser removidos de su encargo por decisión de la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 32°

La Comisión Estatal de Procesos Internos se reunirá sin excepción en fecha previa al inicio de los procesos electorales constitucionales ordinarios y extraordinarios en el ámbito estatal y municipal.

A convocatoria de la Junta de Gobierno, también celebrará reunión de trabajo previo al inicio de la renovación de los Órganos Internos del Partido; será convocada por el presidente(a) de la Junta o por la mayoría de sus miembros. Para que la Comisión Estatal de Procesos Internos se considere legalmente instalada, deberán estar presentes la mayoría de sus integrantes.

ARTÍCULO 33°

La Comisión Estatal de Procesos Internos tendrá las siguientes facultades:

I. Organizar, conducir y validar el proceso de elección de dirigencias en el nivel que corresponda, aplicando las normas que rigen el procedimiento señalado en los presentes Estatutos y la convocatoria correspondiente, observando los principios de legalidad, equidad y transparencia en el proceso de elección;

II. Proponer para la aprobación por parte de la Junta de Gobierno las Convocatorias y Reglamentos específicos que normen los procedimientos de elección de dirigentes y postulación de candidatos;

III. Recibir, analizar y dictaminar sobre requisitos de elegibilidad de aspirantes a puestos de dirección y de elección popular;

IV. Certificar la validez de la elección de los delegados electos por las Asambleas Municipales que participarán en la Asamblea Estatal;

V. Validar la integración de las Asambleas en las que se desarrollen procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatas y candidatos;

VI. Elaborar los manuales de organización, formatos, documentación y material electoral que garanticen el desarrollo de procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatas y candidatos.

VII. Calificar la elección interna y declarar candidato o candidata electo(a) a quien haya obtenido el mayor número de votos en la elección correspondiente, haciendo entrega de la respectiva constancia de mayoría;

VIII. Informar a la Junta de Gobierno en cada evento del resultado de la elección respectiva;

IX. Mantener informados oportunamente al titular de la Secretaría Ejecutiva y a la Junta de Gobierno del desarrollo del proceso interno respectivo;

X. Las demás que le confiera el presente Estatuto y la Junta de Gobierno para el desempeño de sus facultades.

ARTICULO 34°

Las y los militantes que resulten electos candidatas y candidatos a un cargo de elección popular mediante el proceso interno correspondiente, tendrán la obligación de presentar y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en la que participen.

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE JUSTICIA PARTIDARIA

ARTÍCULO 35°

La Comisión Estatal de Justicia Partidaria es un órgano de decisión colegiado responsable de impartir justicia interna; deberá instalarse previo a la sustanciación de cualquier procedimiento y conducirse con independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad, aplicando en todo momento la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita; así mismo, deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género, respetando los plazos que se establezcan en los presentes estatutos.

En relación con la violencia política de género, la acreditación de dichas conductas será calificadas como graves, sin que tenga que mediar reincidencia por parte de la parte denunciada.

ARTÍCULO 36°

La Comisión Estatal de Justicia Partidaria estará conformada por tres integrantes con el carácter de presidente(a), secretaria y vocal, con derecho a voz y voto, quienes serán designados por el pleno de la Junta de Gobierno, a propuesta de la Presidencia.

Los integrantes de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria serán electos por el pleno de la Junta de Gobierno para un periodo máximo de tres años.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

I. Atender las quejas y denuncias que presenten las personas militantes o adherentes del Partido, salvaguardando sus derechos fundamentales y los principios democráticos que rigen a nuestra organización política.

II. Conocer de los asuntos y, en su caso, iniciar los procedimientos por posibles infracciones a las normas que rigen la vida partidista, en el ámbito de su competencia, cometidas por los militantes o adherentes al partido.

III. Proponer fórmulas de conciliación en los procedimientos de queja, para tratar garantizar satisfacción a las partes, generando mecanismos alternativos de solución a las controversias en los tiempos y plazos que señale esta comisión.

IV. Garantizar con oportunidad los derechos políticos de las y los militantes en apego a la legalidad de las resoluciones que se dicten.

V. Dictaminar, en el ámbito de su competencia, las sanciones correspondientes, salvaguardando las garantías de audiencia y de legalidad;

VI. Vigilar el cumplimiento de las normas que rigen los procesos de elecciones internas;

VII. Garantizar la aplicación de las disposiciones jurídicas que rigen la vida partidista, a través de medidas reglamentarias administrativas necesarias para cumplir con sus facultades;

VIII. Resolver controversias entre órganos del partido contando con medios alternativos de solución. En aquellos casos que no estén relacionados a violaciones a principios y/o faltas graves al estatuto, serán de sujeción voluntaria y se atenderán en forma pronta y expedita.

IX. Sustanciar los procedimientos que se presentes por parte de los órganos del partido, precandidaturas, candidaturas, así como la militancia y ciudadanía, por la posible comisión de infracciones por violencia política de género, para lo cual podrá solicitar, la asesoría de la Unidad de Género.

X. Interpretar los estatutos para la impartición de la justicia partidaria;

XI. Elaborar un informe anual de actividades;

XII. Las demás que establezcan los presentes Estatutos y el Reglamento de Violencia política en razón de género.

El procedimiento y los plazos son los que se establecen en el artículo 60 del presente estatuto, relativo a los procedimientos disciplinarios y de justicia partidaria; los promoventes tendrán un plazo de cuatro días hábiles para presentar los recursos internos a que haya lugar, salvo en los casos de procesos electorales internos donde los plazos se computarán por días naturales, garantizando siempre el acceso efectivo a la justicia partidaria y jurisdiccional.

La Comisión contará con un Sistema de Medios Alternativos de Solución de Controversias cuya función principal será la de atender y resolver los conflictos internos entre militantes del Partido, utilizando en todo momento mecanismos de conciliación y arbitraje, según el acuerdo entre las partes.

La Comisión tendrá la obligación de promover la conciliación entre las partes de un conflicto antes de iniciar un proceso sancionador, en los casos que legalmente Las sesiones de la Comisión serán públicas, con excepción de aquellas en las que se traten asuntos que, por su naturaleza delicada, datos personales sensibles o por violencia política en razón de género, requieran de carácter privado para salvaguardar la seguridad, secrecía, intimidad y derechos de las partes.

El Sistema de Medios Alternativos de Solución de Controversias observará el siguiente procedimiento:

1. Deberá ser aceptado de forma voluntaria y expresa por los militantes, quienes gozarán de la garantía de que los acuerdos alcanzados sólo serán sean aquéllos establecidos por las partes y tendrán el carácter de cosa juzgada. En caso de no aceptar la conciliación alguna de las partes o no haberse llevado a cabo las diligencias se dará curso al procedimiento sancionador.

2. Las partes involucradas, en su escrito inicial informarán sobre su conformidad para sujetarse a la conciliación. Los órganos facultados desahogarán el procedimiento conciliatorio, quienes podrán de oficio convocar a las partes a la conciliación.

3. La conciliación y el arbitraje sólo procederán cuando la controversia se derive de la aprobación de métodos de selección de candidatos y de candidaturas a cargos de elección popular; entre precandidatos y candidatos a la dirigencia estatal; y por el contenido de las resoluciones aprobadas por la Asamblea Estatal, la Junta de Gobierno y el Consejo de Administración.

4. No procederá la conciliación para los casos en los que haya lugar a la imposición de sanciones, se cuestione la constitucionalidad o la legalidad de actos emitidos por órganos de decisión del Partido; y se invoquen violaciones a derechos político-electorales de las o los militantes que sean competencia de las Comisiones de Justicia Partidaria En los que no proceda la conciliación, se establecerán medios impugnativos señalados en el presente estatuto, respetando los plazos y procedimientos específicos.

ARTÍCULO 37°

Se considerarán faltas que deberá atender esta Comisión, las siguientes:

I. Violación a los Documentos Básicos y la normatividad del Partido;

II. Negligencia o abandono de las obligaciones partidarias;

III. Servir a los intereses de otros partidos u organizaciones ajenas a nuestro instituto;

IV. Causar daño al patrimonio del Partido;

V. Cometer actos de corrupción en el ejercicio de su encargo partidista o público;

VI. Las demás conductas que contravengan las disposiciones estatutarias y/o de la legislación electoral vigente.

ARTÍCULO 38°

La Comisión Estatal de Justicia Partidaria tiene jurisdicción en su ámbito de competencia. Puede actuar de oficio o a petición de parte, y tienen plena libertad para ordenar la práctica de las diligencias que estimen convenientes para esclarecer un caso que atente contra los derechos del militante y la justicia partidaria. Las deliberaciones y votaciones serán reservadas, pero los fallos, debidamente motivados y fundados, serán públicos y se notificarán a los afectados y a los órganos de gobierno del Partido.

ARTÍCULO 39°

Se garantiza a las partes el pleno derecho a su defensa, conforme a lo establecido en los presentes Estatutos y específicamente en el procedimiento previsto en los presentes estatutos para la aplicación de la Justicia Partidaria.

ARTÍCULO 40°

Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos del Partido serán resueltas por esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes.

Los fallos y resoluciones de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria se aprobarán por mayoría de votos de sus integrantes. Dichas resoluciones agotan la instancia interna del Partido y serán definitivas en el ámbito partidista, quedando a salvo los derechos de las y los militantes para impugnarlas ante las autoridades jurisdiccionales electorales competentes en los plazos previstos por la ley.

La Comisión Estatal de Justicia Partidaria en el ejercicio pleno de la garantía de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género, siempre les deberá otorgar el derecho y en su caso la reparación integral del daño, de conformidad con:

1. Ser tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio de sus derechos;

2. Recibir atención en forma oportuna y acompañamiento gratuito sobre sus derechos y cómo ejercerlos, con el objetivo de estar en condiciones para tomar una decisión libre e informada sobre su proceder;

3. Recibir orientación sobre los procedimientos e instituciones competentes para brindar atención en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género;

4. Denunciarlos actos y omisiones de las dirigencias, militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos y servidores públicos emanados del Partido u órganos responsables, para la aplicación de las sanciones correspondientes;

5. Recibir información sobre el avance de la investigación y procedimiento instaurado en contra de su agresor;

6. Recibir las medidas de protección necesarias, para evitar represalias en su contra;

7. Que se respete su confidencialidad e intimidad;

8. En su caso, impugnar los actos y resoluciones de las autoridades del Partido, a través de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en las leyes o códigos de Veracruz;

9. Suplir la deficiencia de la queja, siempre que exista una narración clara y precisa de los hechos denunciados para iniciar la investigación y tramitar el procedimiento, respetando en todo tiempo el debido proceso y la igualdad entre las partes;

10. Cuando una queja o denuncia se presente ante una unidad distinta, ésta deberá ser remitida a la unidad competente en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de que se tenga conocimiento de los hechos.

11. Fincar las responsabilidades que resulten procedentes, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad;

12. Aplicar sanciones, amonestaciones y suspensiones, temporales o definitivas, de los derechos de las y los militantes;

13. Dictar las medidas cautelares y de protección necesarias para salvaguardar a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género;

14. Difundir en la página electrónica del Partido, los nombres de las y los militantes que se hagan acreedores a la aplicación de sanciones y llevar un registro puntual de los casos sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, de que tengan conocimiento;

15. Dictar las medidas de reparación integral del daño a las víctimas de violencia política en razón de género y comprenderá la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción de sus derechos de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y la no repetición, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.

CAPÍTULO OCTAVO DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS TERRITORIALES

ARTÍCULO 41°

Los órganos políticos territoriales del Partido son las Juntas de Gobierno Distritales (JGD) y las Juntas de Gobierno Municipales (JGM). Estos órganos representan la autoridad superior del Partido en el Distrito y en el municipio de que se trate; sus resoluciones son obligatorias para todas las instancias de organización y dirección partidarias en el ámbito de sus territorios.

ARTÍCULO 42°

Las Juntas de Gobierno Distritales y Municipales serán de carácter permanente y tendrán la responsabilidad de ejercer la representación política del partido en su ámbito territorial, ejerciendo todos los derechos y responsabilidades previstos en los documentos básicos.

ARTÍCULO 43°

Corresponde a la Junta de Gobierno Distrital:

I. Cumplir y hacer cumplir en el Distrito, los Documentos Básicos del Partido, las resoluciones y acuerdos procedentes de las instancias superiores de gobierno y organización;

II. Aprobar el programa de trabajo, que incluya la capacitación y formación política de los afiliados al Partido en el Distrito;

III. Establecer las directrices políticas del Partido en el Distrito;

IV. Elegir a los representantes a la Asamblea Estatal, con base en lo dispuesto por el Artículo 15 de estos Estatutos;

V. Las demás que establezcan estos estatutos y la normatividad interna del

ARTÍCULO 44°

Las Juntas de Gobierno Distritales serán electas para un período de tres años, en los términos y conforme al procedimiento que determine la Junta de Gobierno y en lo previsto en los Estatutos.

Sus integrantes podrán ser reelectos parcial o totalmente, en forma consecutiva por una sola vez; y podrán ser removidos por acuerdo de la mayoría de sus integrantes, ya fuera por causa de incompatibilidad o alguna de las causales de imposición de sanción establecidas en el artículo 66 de estos estatutos.

ARTÍCULO 45°

Estará integrada por un número de cinco personas, electas por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno Distrital, designará de entre sus miembros, por mayoría simple o consenso a su presidente(a). La integración, atribuciones y competencias de la Junta de Gobierno Distrital y de su presidente(a) en su caso, serán las dispuestas en el Artículo 19 de los Estatutos, que le sean afines y aplicables en el ámbito de su territorio.

ARTÍCULO 46°

Las Juntas de Gobierno Municipales serán de carácter permanente y tendrán la responsabilidad de ejercer la representación política del Partido en su ámbito territorial, ejerciendo todos los derechos y responsabilidades previstos en sus documentos básicos.

ARTÍCULO 47°

Corresponde a la Junta Municipal:

I. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio, los Documentos Básicos del Partido, las resoluciones y acuerdos procedentes de las instancias superiores de dirección y organización;

II. Aprobar el programa de trabajo, que incluya la capacitación y formación política de los afiliados al Partido en el Municipio;

III. Establecer las directrices políticas del Partido en el Municipio;

IV. Las demás que establezcan estos estatutos y la normatividad interna del Partido.

ARTÍCULO 48°

Las Juntas de Gobierno Municipales ejercerán sus funciones de manera continua e ininterrumpida, en los términos y conforme al procedimiento que determine la Junta de Gobierno y en lo previsto en los Estatutos. Cualquiera de sus miembros podrá ser removido por acuerdo de la mayoría de sus integrantes, ya fuera por causa de incompatibilidad o alguna de las causales de imposición de sanción establecidas en los presentes estatutos.

ARTÍCULO 49°

Estará integrado por un número de tres personas, electas por la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno Municipal designará de entre sus miembros, por mayoría simple o consenso a su presidente(a). La integración, atribuciones y competencias de la Junta Municipal y de su presidente(a) en su caso, serán las dispuestas en el Artículo 19, de los Estatutos, que le sean afines y aplicables en el ámbito de su territorio.

TÍTULO TERCERO: DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN DE DIRIGENTES, ÓRGANOS INTERNOS Y CANDIDATOS

ARTÍCULO 50°

Los procedimientos de elección interna deberán garantizar en todo momento la igualdad de sus militantes en el derecho a elegir libremente a las y los dirigentes, integrantes de los órganos internos y candidatos o candidatas del Partido a cargos de elección popular.

Los procesos internos y las convocatorias que se emitan para regular la selección de dirigentes y candidatas o candidatos deberán garantizar el valor de la libertad y el derecho de los militantes en la emisión del sufragio, así como la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido.

El partido impulsará el empoderamiento de las mujeres para que accedan a cargos de dirigencia y de elección popular, garantizando, sin excepción, la paridad de género en la integración de los cargos de dirigencia partidista y en la postulación a las candidaturas de diputaciones locales y planillas de Ayuntamientos en un 50 % y en las acciones afirmativas que establezca la normatividad electoral.

El Partido garantizará el acceso igualitario de las mujeres a la programación y distribución de los tiempos del Estado en radio y televisión que le correspondan al Partido y de las prerrogativas para las precampañas y campañas políticas, incluidas aquellas ejercidas en coalición.

ARTÍCULO 51°

Por causa de fuerza mayor y por acuerdo de la Junta de Gobierno, el partido podrá solicitar a la autoridad electoral que organice la elección de sus órganos de dirección. En este caso, será la Secretaría Ejecutiva quien, por mandato expreso de la Junta de Gobierno, tendrá la facultad de elaborar la solicitud correspondiente, haciendo una exposición de motivos y señalando el procedimiento para determinar su procedencia.

ARTÍCULO 52°

Durante los procesos internos para la elección de dirigentes, integrantes de los órganos internos y candidatos a cargos de elección popular, el Partido y sus órganos de gobierno harán valer sin excepción la Regla de Mayoría como criterio básico para la toma de decisiones.

Bajo este principio, la aprobación que realicen los órganos colegiados de gobierno se sujetará al voto de la mayoría de los presentes según el acto electivo de que se trate.

Las decisiones que se tomen en el seno de estos órganos tendrán efectos vinculantes y serán definitivas en el ámbito partidista, quedando a salvo el derecho de las y los militantes de acudir a las instancias jurisdiccionales electorales correspondientes.

ARTÍCULO 53°

El proceso interno para elegir dirigentes deberá regirse por las disposiciones de los presentes Estatutos y por las aquéllas que se establezcan en la Convocatoria.

El proceso de elección de dirigentes tiene como objetivos:

I. Renovar y actualizar la participación democrática de las afiliadas y afiliados del Partido en los procesos internos;

II. Fomentar el reconocimiento de la carrera y el trabajo partidista en el desarrollo de sus actividades; y

III. Exigir su liderazgo de tiempo completo, capacidad, experiencia y lealtad a favor de las tareas a favor del Partido.

ARTÍCULO 54°

Los procedimientos para la integración o renovación de sus órganos de gobierno se deben sujetar a las siguientes bases:

I. Se deberá publicar una convocatoria de conformidad con sus normas estatutarias, que otorgue certidumbre y deberá contemplar lo siguiente:

a) Cargos a elegir.

b) Requisitos de elegibilidad.

c) Fechas de registro de candidaturas.

d) Documentación a ser entregada.

e) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro.

f) Método de selección, para el caso de voto de los militantes, este deberá ser libre y secreto.

g) Fecha y lugar de la elección.

ARTÍCULO 55°

El proceso interno para postular candidatas y candidatos a cargos de elección popular tiene como objetivos:

I. Garantizar el ejercicio pleno de la democracia y del sistema de partidos del país;

II. Promover la participación política y de representación popular de los veracruzanos militantes del Partido.

III. Fortalecer la democracia interna del Partido Alianza Generacional por Veracruz para lograr la mayor representatividad de las y los candidatos;

IV. Postular como candidatas y candidatos a las y los mejores veracruzanos que se distingan por su capacidad, honestidad, aceptación social, convicción ideológica, militancia y trabajo partidista, garantizando un desempeño público congruente con los principios y valores del Partido Alianza Generacional por Veracruz.

V. Garantizar y aplicar en los términos legales y estatutarios el principio de paridad de género.

VI. Las y los candidatos postulados por el Partido Alianza Generacional por Veracruz, deberán observar en todo momento durante la campaña electoral, el contenido de nuestros documentos básicos, así como sostener y difundir la plataforma electoral registrada ante la autoridad electoral.

ARTÍCULO 56°

La Convocatoria para postular candidatas y candidatos a cargos de elección popular será aprobada por la Junta de Gobierno y expedida por la Comisión Estatal de El proceso para postular candidatas y candidatos a cargos de elección popular inicia al expedirse la Convocatoria respectiva y concluye con la declaración de validez y entrega de la Constancia de Mayoría, y en su caso, una vez resueltas las controversias interpuestas ante los órganos internos facultados para ello.

ARTÍCULO 57°

El proceso de selección y postulación de candidatos se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:

1. Para elegir al candidato o candidata a la Gubernatura del Estado de Veracruz, será por el voto libre de los miembros de la Asamblea Estatal, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio. El mecanismo de escrutinio y cómputo será establecido en la convocatoria correspondiente;

2. La elección de las candidatas y los candidatos a Diputados Locales, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como de los integrantes de los Ayuntamientos, se realizará por cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Elección directa por los miembros de la Asamblea Estatal.

b) Elección directa por los militantes del distrito o municipio mediante asamblea estatal o municipal, según el tipo de elección de que se trate.

c) Elección por representación, procedimiento excepcional mediante el cual la Junta de Gobierno designará de manera directa candidaturas a diputaciones y planillas de ayuntamientos. Este método únicamente procederá por causas de fuerza mayor, situaciones de riesgo a la seguridad, declaratoria de convocatoria desierta, o para asegurar de forma estricta las acciones afirmativas y la paridad de género. La aplicación de este método requerirá el voto aprobatorio de las dos terceras partes de la Junta de Gobierno y deberá estar debidamente fundada y motivada.

La Comisión Estatal de Procesos Internos establecerá el procedimiento por lo menos cuarenta y cinco días naturales antes del término del plazo legal establecido para el registro respectivo. Se determinará la naturaleza del sufragio de manera abierta o secreta según lo apruebe la Junta de Gobierno y se establezca en el contenido de la Convocatoria correspondiente.

En el proceso de selección y postulación de candidatas y candidatos no podrán participar aquéllos militantes o aspirantes externos que hayan sido condenadas o condenados por delitos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género.

ARTÍCULO 58°

El Partido debe observar en todo momento las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos. Los procedimientos para la selección de candidaturas se deben sujetar a las siguientes bases:

I. Se deberá publicar una convocatoria de conformidad con sus normas estatutarias, que otorgue certidumbre y deberá contemplar lo siguiente:

a) Candidaturas a elegir.

b) Requisitos de elegibilidad.

c) Fechas de registro de precandidaturas.

d) Documentación a ser entregada.

e) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro.

f) Reglas generales y tope de gastos de precampaña

g) Método de selección, para el caso de voto de los militantes, este deberá ser libre.

h) Fecha y lugar de la elección.

i) Fechas en que se deberán presentar los informes de ingresos o egresos de precampaña.

II. La integración de las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional y las planillas de Ayuntamientos se estructurará mediante fórmulas integradas por propietario y suplente del mismo género, ordenadas de forma paritaria y alternada. Asimismo, las postulaciones de mayoría relativa se registrarán bajo el esquema de alternancia de encabezamiento por bloques de competitividad, de conformidad con los lineamientos aplicables emitidos por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

ARTÍCULO 59°

Para el caso de las candidaturas externas, será la Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión Estatal de Procesos Internos, quien apruebe la postulación de ciudadanos que no cuenten con registro como militantes del Partido. El número de candidatos externos será establecido en la convocatoria emitida para la elección que corresponda.

ARTÍCULO 60°

Durante el primer proceso electoral constitucional en el que contienda el Partido Alianza Generacional por Veracruz lo hará de manera individual, de acuerdo a lo establecido por la legislación electoral vigente.

En el supuesto de que el Partido contienda en la elección de que se trate, en candidaturas comunes, frentes o coaliciones, la selección de los candidatos se realizará bajo los procedimientos que acuerden los Partidos integrantes, con la aprobación de los órganos competentes de cada Partido, debiendo quedar establecido el mismo en el convenio respectivo, sus anexos, o bien en los Estatutos de la coalición correspondiente.

TITULO CUARTO: DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y JUSTICIA PARTIDARIA

ARTÍCULO 61°

El partido promueve, protege y respeta los derechos políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, y ha establecido mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, deudores alimentarios, abuso sexual o violencia familiar de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás leyes aplicables.

Las sanciones aplicables a las y los militantes que infrinjan las disposiciones internas se impondrán una vez agotado un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales que incluyen los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión, fundados y motivados en la resolución respectiva.

ARTÍCULO 62°

El Partido tiene la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de su estructura orgánica, así como establecer los procesos que posibiliten la solución de sus conflictos internos y garanticen los derechos de la militancia.

Para ello, el Partido implementará en todo momento mecanismos para la solución de sus conflictos internos cuando en la normativa partidaria no se considere específicamente un medio de impugnación.

ARTÍCULO 63°

Los militantes tendrán acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militantes cuando sean violentados al interior del partido político, sin que esto vulnere su derecho a impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales.

ARTÍCULO 64°

En cumplimiento de la normatividad vigente en materia electoral, el Partido establecerá –a través de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria- las normas, plazos y procedimientos de justicia partidaria.

Para la vigencia plena de los derechos de las y los militantes, y la justicia partidaria, se podrá recurrir en todo momento, en principio, a mecanismos alternativos para la solución de controversias, en los que se deberá establecer:

I. Los supuestos de procedencia.

II. La sujeción voluntaria a los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

III. Los plazos, y

IV. Las formalidades del procedimiento.

V. Los términos para resolver los medios de justicia interna deben ser breves y eficaces para la tutela de los derechos de sus militantes.

VI. Se debe establecer la obligación de agotar las instancias internas antes de acudir a las instancias jurisdiccionales.

VII. Previsión de que en las resoluciones el órgano resolutor debe ponderar los derechos políticos de los ciudadanos con relación con los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos para El sistema de justicia interna del Partido habrá de observar las siguientes características:

I. Tener una sola instancia.

II. Las resoluciones se deben emitir de manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia.

III. Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna.

IV. Respetar las formalidades esenciales del procedimiento.

V. Ser eficaces formal y materialmente para restituir a los afiliados en el goce de sus derechos político-electorales.

VI. Para el caso de los procedimientos disciplinarios a que haya lugar, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria llevará a cabo procedimientos disciplinarios que deben observar los siguientes requisitos:

a) Garantías procesales mínimas.

b) Un procedimiento previamente establecido.

c) Derecho de audiencia y defensa.

d) La tipificación de las irregularidades, así como la proporcionalidad en las sanciones.

e) Motivación en la determinación o resolución respectiva; y

f) Competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad;

Así mismo, se deberán establecer de manera específica las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan la normatividad interna, mediante un procedimiento disciplinario interno, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las infracciones, causales de expulsión y la obligación de fundar y motivar sus resoluciones.

ARTÍCULO 65°

El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de audiencia, defensa y será el siguiente:

1. Se Iniciará con la presentación por escrito de quien promueve. En el cuerpo de la queja y/o denuncia se habrán de señalar su nombre, domicilio, la motivación de esta, los hechos y las pruebas legalmente válidas para acreditarlas; y en su caso, la solicitud de medidas cautelares.

2. Recibida la queja, la Comisión de Justicia Partidaria la analizará dentro de un plazo no mayor a tres días. De ser admitida, se correrá traslado a la persona imputada para que, en un plazo de cuatro días si es periodo ordinario, o cuarenta y ocho horas si se desarrolla dentro de un proceso electoral, rinda su contestación por escrito y ofrezca las pruebas que estime pertinentes.

3. Antes de la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes; de no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos; la audiencia tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Las partes o una de ellas podrán solicitar asesoría jurídica que garantice en todo momento la vigencia de los derechos de los afiliados.

4. La Comisión deberá dictar medidas que garanticen certeza, incluyendo la ampliación de los plazos, y resolviendo en un plazo máximo de quince días naturales después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas.

5. En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas.

6. Las resoluciones dictadas por la Comisión de Justicia Partidaria causarán ejecutoria a los cuatro días siguientes de su notificación legal, salvo que se interponga el recurso correspondiente.

Tratándose de impugnaciones ligadas al proceso de selección de candidaturas, la Comisión deberá resolver en un plazo máximo de setenta y dos horas tras el cierre de la instrucción, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia ordinaria antes del vencimiento del plazo legal de registro ante la autoridad electoral.

7. Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas de funcionamiento interno de la Comisión establecidas en los Reglamentos aprobados por la Junta de Gobierno.

8. Las votaciones se dictarán por mayoría de votos de sus integrantes y quien disienta podrá formular su voto particular.

9. Cualquier militante o adherente del Partido, puede plantear consultas a la Comisión sobre la interpretación de las normas de los documentos básicos. La Comisión tendrá un plazo de diez días para resolver la consulta.

10. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante esta Comisión o intervenir en él, los integrantes del Partido y de sus órganos.

11. En ningún plazo o término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones de la Comisión.

Durante los procesos electorales y procesos de electivos internos, todos los días y horas son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. La Comisión podrá habilitar días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que así lo exija.

Las notificaciones que se lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos surtirán efectos el mismo día en que se practiquen y los términos correrán a partir del día siguiente.

Durante los procesos electorales, se podrán notificar actos o resoluciones en cualquier día y hora. La Comisión establecerá los plazos y mecanismos para llevar a cabo las notificaciones, y se determinarán aquellas que habrán de realizarse de manera personal.

Para realizar las notificaciones que correspondan, la Comisión podrá solicitar el apoyo y auxilio de cualquier órgano o instancia del Partido y habilitar al personal que considere pertinente.

Las notificaciones dentro de los procedimientos llevados por la Comisión se podrán hacer:

a) Personalmente, por medios electrónicos, por cédula o por instructivo;

b) En los estrados de la Comisión;

c) Por correo ordinario o certificado;

d) Por cualquier otro medio de comunicación efectivo de constancia indubitable de recibido;

e) Por mensajería o paquetería, misma que surtirá efectos de notificación personal para todos los efectos legales conducentes.

Se notificará personalmente a las partes los autos, acuerdos o sentencias en los que se realice el emplazamiento, se cite a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se señale fecha para la práctica de alguna diligencia, se formule requerimiento, se decrete desechar o el sobreseimiento, las excusas, la resolución definitiva, o los que así determine la Comisión.

Las notificaciones se harán dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, una vez emitido el auto o dictada la resolución.

Durante el proceso electoral interno, las notificaciones se realizarán de inmediato, no pudiendo exceder de un plazo de veinticuatro horas, salvo por causas de fuerza mayor.

Para hacer cumplir sus determinaciones, así como para mantener el orden, el respeto y la consideración debidos, la Comisión podrá aplicar, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, las siguientes medidas disciplinarias:

a) Apercibimiento; y

b) Amonestación

c) Las infracciones a la normatividad del Partido Alianza Generacional por Veracruz podrán ser sancionadas con:

1. Amonestación privada;

2. Amonestación pública;

3. Suspensión de derechos partidarios;

4. Cancelación del registro en el Padrón Estatal de afiliados;

5. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del partido

6. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del Partido para ser registrado como candidato a puestos de elección popular.

7. Expulsión.

Las resoluciones que decretan una sanción disciplinaria asumen la categoría de ejecutorias, transcurridos cuatro días contados a partir de la fecha en que fueron notificadas, esto si la persona sancionada o el órgano directivo que motivó el proceso disciplinario no las ha impugnado. Las partes tendrán la obligación de agotar las instancias internas antes de acudir a las instancias jurisdiccionales.

Si no hubiera una disposición expresa en el presente ordenamiento, serán aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Electoral para el estado de Veracruz.

ARTÍCULO 66°

Las causales de imposición de sanciones aplicarán de igual forma para las y los militantes, dirigentes, integrantes de los órganos de gobierno y candidatos o candidatas a cargos de elección popular, en su ámbito de competencia y responsabilidad, siempre que se observen las siguientes conductas:

I. Violar en forma persistente los estatutos del partido.

II. No cumplir con las obligaciones inherentes al cargo.

III. No acatar deliberadamente las decisiones que tomen los órganos de gobierno y dirección del Partido.

IV. Apoyar a un candidato o candidata ajeno al partido.

V. Realizar proselitismo a favor de otro partido político.

VI. Utilizar indebidamente los recursos económicos o materiales del Partido

VII. Ser condenado por delito grave.

VIII. Llevar a cabo actos de corrupción considerados en los ordenamientos vigentes.

IX. Recibir beneficios materiales o de interés por parte de particulares con el propósito de obtener la postulación a algún cargo de elección popular o de gobierno.

X. El incumplimiento de un deber u obligación como integrante de los órganos de dirección y control que afecten directamente los intereses del partido.

XI. Haber ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género

XII. Ser deudores alimentarios

XIII. Haber abusado sexualmente

XIV. Cometer violencia familiar

ARTÍCULO 67°

En el caso, de una imposición de sanción por las conductas especificadas en las fracciones XI a XIV del artículo anterior, la comisión notificara al Órgano Directivo Estatal para que de aviso al Órgano Electoral del Estado para que el o los sancionados sean inscrito o inscritos en el registro correspondiente.

ARTÍCULO 68°

La afiliación al Partido Alianza Generacional por Veracruz obliga al cumplimiento de los presentes Estatutos; compromete a las afiliadas y los afiliados a respetar los Documentos Básicos y a observar un desempeño público en el marco de legalidad y respeto a las instituciones, así como un comportamiento apegado a los principios e ideología del Partido.

Cualquiera que vulnere los Estatutos y las obligaciones derivadas de su afiliación al Partido, sin importar su cargo o responsabilidad, será sujeto a procedimiento disciplinario.

TITULO QUINTO: DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DEL PARTIDO

ARTÍCULO 69°

El Partido Alianza Generacional por Veracruz formará un patrimonio con las aportaciones ordinarias de sus militantes y en su caso, el financiamiento privado previsto por la normatividad electoral, así como las prerrogativas establecidas en el marco de la ley y por acuerdo de la autoridad electoral local.

ARTÍCULO 70°

El Consejo de Administración, a través de la Secretaría Ejecutiva, deberá vigilar en todo momento que prevalezca el financiamiento público sobre el privado, incluyendo el autofinanciamiento y rendimientos financieros.

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

ARTÍCULO 71°

Conforme a la norma electoral vigente, el Partido podrá recibir financiamiento que no provenga del erario, con las siguientes modalidades:

a) Financiamiento por la militancia;

b) Financiamiento de simpatizantes;

c) Autofinanciamiento; y

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

ARTÍCULO 72°

El financiamiento que no provenga del erario tendrá las siguientes modalidades:

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen las y los militantes de los partidos políticos;

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que las y los precandidatos, así como las y los candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas;

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen las y los simpatizantes durante los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país.

En ningún caso se podrá recibir financiamiento cuyo origen se encuentre en actividades ilícitas señaladas por las leyes, códigos y reglamentos.

ARTÍCULO 73°

Las aportaciones o cuotas ordinarias y extraordinarias que realicen las y los militantes en dinero o en especie, tendrán como límite anual el equivalente al dos por ciento del financiamiento público otorgado al propio Partido para el sostenimiento de sus actividades ordinarias en el año de que se trate, o en su caso, se sujetará estrictamente al tope máximo que determine de forma anual el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE).

ARTÍCULO 74°

El Partido tendrá la facultad de determinar los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes a propuesta del Consejo de Administración. Las aportaciones de las y los simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del tope de gasto fijado para la elección gubernamental inmediata anterior, de conformidad con los límites constitucionales y los acuerdos emitidos por la autoridad electoral local.

ARTÍCULO 75°

Es responsabilidad del titular de la Secretaría Ejecutiva informar a la Junta de Gobierno durante los primeros quince días hábiles de cada año, los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas.

TÍTULO SEXTO DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO

ARTÍCULO 76°

El Partido civilmente se disolverá si pierde su registro legal como partido político local de conformidad con las causales previstas en la legislación electoral del Estado de Veracruz, o bien por acuerdo de las tres cuartas partes de la Asamblea Estatal

ARTÍCULO 77°

En caso de pérdida de registro, disolución y posterior liquidación del Partido, el procedimiento se sujetará estrictamente a las bases establecidas en la Ley General de Partidos Políticos y los lineamientos aplicables de fiscalización. Los remanentes del financiamiento público ordinario y para actividades específicas, así como los bienes adquiridos con dichos recursos, serán restituidos en su totalidad a la Tesorería del Estado de Veracruz.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes modificaciones y la actualización integral de los Documentos Básicos (Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos) entrarán en vigor al día siguiente de que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) declare la procedencia constitucional y legal de las mismas.

SEGUNDO. La actualización completa de los Documentos Básicos para adoptar la nueva denominación de “Partido Alianza Generacional por Veracruz” y su nuevo emblema oficial (con las siglas AGVER), no constituye la creación de una nueva entidad política. Por lo tanto, se garantiza la continuidad jurídica, los derechos de prelación, las prerrogativas financieras, el patrimonio y las obligaciones legales y fiscales previamente adquiridas bajo la denominación anterior.

TERCERO. Se convalida la vigencia y legalidad de todos los actos, acuerdos, convenios y contratos celebrados por los órganos de dirección del Partido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma. La elección de las y los integrantes de la Junta de Gobierno, las Juntas de Gobierno Distritales, la Presidencia, la Secretaría General y la Secretaría Ejecutiva, continuarán en el ejercicio pleno de sus encargos hasta el término del periodo para el cual fueron originalmente electos.

CUARTO. El padrón de militantes y el Registro Partidario vigentes hasta antes de la aprobación de esta reforma migrarán de forma íntegra y automática a la base de datos oficial del Partido Alianza Generacional por Veracruz (AGVER), salvaguardando en todo momento los derechos político-electorales y la antigüedad de la militancia, así como la debida protección de sus datos personales.

QUINTO. Se mandata a la Secretaría Ejecutiva para que, dentro de los plazos legales establecidos en la normatividad electoral, realice los trámites administrativos de notificación y actualización conducentes ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, relativos al expediente completo de los Documentos Básicos actualizados, cuentas bancarias oficiales, registro de firmas y alta de la nueva identidad gráfica y tipográfica del Partido.

SEXTO. Se derogan todas las disposiciones estatutarias, reglamentarias e internas que se opongan a lo establecido en los presentes Estatutos y demás Documentos Básicos actualizados.

Descargar el Programa de Acción (PDF)

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, México y sus instituciones han observado la necesidad de consolidar y proteger el proceso de transición democrática iniciado en la última década del siglo pasado. Aquella etapa histórica permitió no sólo una verdadera alternancia política, sino también la creación de instituciones autónomas que robustecieron los contrapesos institucionales frente al gobierno federal y las entidades federativas.

Sin embargo, hoy enfrentamos un desafío recurrente: el debilitamiento institucional y la centralización del poder.

En los últimos años hemos observado que la polarización social divide a las comunidades, debilita las estructuras democráticas, sustituye el debate racional por la narrativa unilateral y pretende concentrar las decisiones públicas, erosionando la pluralidad y los contrapesos del Estado de Derecho.

Frente a este escenario surge el Partido Alianza Generacional por Veracruz, una fuerza política local firmemente comprometida con la libertad, la democracia, la responsabilidad pública y el respeto irrestricto al orden legal en nuestro estado.

Como un instituto político plural e incluyente, nos definimos a través de convicciones claras:

● Creemos en ciudadanos libres y con oportunidades, no en ciudadanos dependientes del poder.

● Creemos en instituciones fuertes y transparentes, no en gobiernos personalistas.

● Creemos en la verdad y el diálogo, no en la propaganda que polariza y divide.

Por ello, nuestro propósito es fortalecer las libertades desde las herramientas que nos brinda la propia democracia, lo que implica defender el pluralismo político, respetar rigurosamente el Estado de Derecho y elevar la rendición de cuentas, conteniendo de raíz la polarización social que frena el desarrollo de nuestro estado.

Esta visión nos permitirá construir un Veracruz con instituciones sólidas, prosperidad económica y una vida democrática auténtica, donde el poder público esté firmemente limitado por la ley y enteramente al servicio de las y los ciudadanos.

Proponemos a los veracruzanos este Programa de Acción: una hoja de ruta integral diseñada para fortalecer las instituciones estatales, atender de fondo las causas profundas del descontento social —como la desigualdad, la inseguridad y la pobreza— y construir un mensaje de reconciliación social que devuelva la unidad y la paz a nuestro estado.

PROGRAMA DE ACCIÓN

La consolidación del proceso de transición democrática que vive el país sólo será posible en la medida en que sean los ciudadanos quienes de manera organizada impulsen los grandes cambios sociales e impidan el debilitamiento de las instituciones.

La sola elección de quienes serán nuestros gobernantes y nuestros representantes populares no basta si ello no garantiza mecanismos de participación ciudadana directa en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.

La historia de México ha mostrado en diferentes etapas que los modelos centralistas y paternalistas debilitan la iniciativa ciudadana. Hoy, nuestro compromiso es revertir cualquier retroceso institucional, fortaleciendo los contrapesos locales y la autonomía de las regiones.

Los ciudadanos no pueden ser sujetos pasivos de la acción institucional sólo con formar parte de la población objetivo de los programas sociales, sino que deben transitar a una condición de sujetos activos que fomente la contribución activa de la ciudadanía y les vuelva corresponsables de la acción del Estado en su conjunto.

Veracruz requiere recuperar la fuerza de la sociedad y de sus instituciones. La consolidación y ejercicio pleno de un Estado de derecho debe ser el objetivo de toda acción política y de gobierno.

En la medida en que los ciudadanos y las instituciones se ciñan al orden jurídico, nuestra entidad podrá consolidar el ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos de los veracruzanos.

El cambio permanente debe entenderse como la evolución de nuestras prácticas de organización social y acción de gobierno, y no como la destrucción del pasado para dar paso a una reinvención cíclica del presente.

Por ello, los veracruzanos debemos estar preparados para asumir mayores responsabilidades en las decisiones políticas, sin importar la esfera de responsabilidades públicas y privadas.

La democracia participativa aporta, por tanto, una mayor legitimidad política a los procesos de la vida pública en la medida en que se pueda garantizar una participación democrática de calidad.

En el Partido Alianza Generacional por Veracruz asumimos nuestro compromiso social como ciudadanos y nos pronunciamos a favor de formar una organización ciudadana próxima y sensible, al servicio y alcance de todos los veracruzanos, cuyos principios y estructura orgánica nos llevan a proponer un Programa de Acción basado en la participación social directa y pacífica, con respeto a la legalidad, utilizando con los instrumentos que nos provee nuestra democracia.

En el Programa de Acción se destacan tres conceptos claves como ejes transversales contenidos en nuestra Declaración de Principios y que cruzan el contenido de nuestras propuestas: equidad, bienestar y justicia.

Estos principios hacen referencia a ideales de desarrollo humano tanto en el individuo como de la sociedad veracruzana en general, por lo que cada uno está implícito en los principios de derecho que proponemos.

Al igual que el resto del país, Veracruz vive una crisis de legalidad, civilidad y desarrollo como consecuencia de que se han roto los principios básicos del Estado de Derecho, vulnerando la división de poderes y reduciendo los espacios de participación política.

En el quehacer cotidiano, muchas personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, han dejado de observar las leyes que nos rigen.

Es necesario que, mediante un nuevo pacto social, político y económico, se adopten acciones para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad y transparencia.

Es urgente el retorno a la efectiva división de Poderes y contrapesos de organismos autónomos del Estado. Debemos recuperar el estado que construimos todos y que han destruido unos cuantos.

En el Partido Alianza Generacional por Veracruz trabajamos para reivindicar los principios del Estado de Derecho que permitan garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y, al mismo tiempo, establecer las condiciones necesarias para la observancia de los derechos de carácter social, político y económico de los veracruzanos.

Somos una fuerza social activa que no se circunscribe sólo a la participación de los procesos electorales, sino que tiene como objetivo la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática. Aspiramos a ser un partido político de ciudadanos.

Buscamos que la acción y participación ciudadana alcance los espacios necesarios en las cámaras legislativas, en los gobiernos estatal y municipales, así como en todas aquellas instituciones que sirvan a la planeación, desarrollo y ejecución de políticas públicas eficaces que sirvan al bienestar de Veracruz y sus habitantes.

En una democracia plural y de participación directa, los partidos políticos no pueden representar sólo a los partidos políticos. Deben representar a la sociedad que se manifiesta a través de su condición de militantes. Sin ciudadanía, no hay partido.

Y en esta pluralidad, proponemos un Programa de Acción que garantice alcanzar nuestros objetivos como partido político y abrir cauces de participación para la elaboración de políticas públicas.

Sólo lo lograremos si cumplimos nuestra tarea de formar política e ideológicamente a nuestros militantes para que participen de manera propositiva en los procesos electorales.

Nuestro programa de acción es la ruta para alcanzar nuestros objetivos como partido político, proponer políticas públicas posibles y eficaces, formar ideológica y políticamente a nuestra militancia, promover su participación política, así como preparar su participación en los procesos electorales.

Consolidar nuestra democracia requiere robustecer las instituciones, reducir la desigualdad económica y mejorar la comunicación política. Acciones clave incluyen establecer agendas proactivas, combatir la desinformación con educación digital, mejorar los servicios públicos para eliminar las brechas sociales y fomentar un discurso inclusivo, evitando la confrontación ideológica o la adopción de medidas asistenciales con propósitos electorales.

Serán nuestras todas aquellas causas sociales que pugnen por la legalidad, las libertades, los derechos humanos, el bienestar social y la igualdad de oportunidades, así como la educación, el empleo, la estabilidad económica, el medio ambiente, el derecho al uso racional y sustentable de los recursos naturales, el gobierno honesto y eficiente, la rendición de cuentas, la transparencia y la igualdad de géneros en todos los ámbitos de la actividad humana.

Cultura de la legalidad y Estado de Derecho

El poder debe estar sometido a las normas jurídicas preestablecidas. El gobierno debe obedecer a las leyes y no sólo a sus simpatizantes, porque es un principio ineludible que las personas obedecen a los principios y a las leyes, antes que a los funcionarios públicos.

Las políticas públicas deben observar este principio en todo momento y en todo lugar. Ninguna función institucional está exenta de cumplir la Constitución y la ley. Son las instituciones las que hacen fuerte al Estado, y sólo un Estado fuerte puede empoderar a los ciudadanos.

Por ello, Alianza Generacional por Veracruz observa en la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho el camino del bienestar, el desarrollo y la paz social. Buscamos convertir a Veracruz en una sociedad regida por las leyes, donde los ciudadanos tengan la capacidad para participar en la elaboración e implementación de las normas que rigen a todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, incluyendo al propio gobierno.

El respeto a la legalidad no es espontáneo; es una lucha constante y un proceso de culturización permanente. Hoy nuestro país y nuestro estado carecen de ambas, de ahí la importancia de construir y arraigar en nuestra sociedad veracruzana el apego a las leyes para que los individuos que la conforman las acepten y tomen como suyas, en un marco de respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad, incluyéndolas en su vida cotidiana al asumirlas como necesarias para su convivencia con la sociedad y las autoridades.

Democracia, gobierno honesto y combate a la corrupción

Los objetivos esenciales del Partido Alianza Generacional por Veracruz son el fortalecimiento de la democracia, la defensa de la libertad y la promoción de la justicia y del bien común, para mantener un clima de paz y propiciar el desarrollo armónico del país en todos los ámbitos.

Con tal fin, promoverá la participación efectiva de las y los veracruzanos en la conducción y vigilancia de los asuntos públicos mediante el ejercicio pleno de los derechos democráticos.

La búsqueda de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en todos los ámbitos del desarrollo humano, implica para el Partido Alianza Generacional por Veracruz el compromiso concreto de asegurar una integración paritaria entre hombres y mujeres en todos sus órganos internos y estructuras de dirección, así como en sus candidaturas a cargos de elección popular.

Para cumplir el objetivo de paridad, habrá de considerarse siempre el mismo número de mujeres y hombres que conformen la totalidad de candidatos de cada cargo y candidatura o de los miembros que integren cada órgano de gobierno establecido en los Estatutos. En el caso de las listas de candidatos que el Partido postule a cargos de elección popular, la equidad no sólo debe darse en términos porcentuales, sino también por la combinación alternativa de ambos géneros.

Las elecciones internas del Partido, tanto para conformar sus propios órganos como para definir candidaturas a puestos de elección popular, se guiarán siempre por el compromiso ético de elegir a los más idóneos para cada función.

Uno de los compromisos más importantes de nuestra organización política es que será una condición inherente a nuestro quehacer político el uso de la verdad como único recurso válido para nutrir el diálogo y el debate ciudadano que requiere toda sociedad democrática para su desarrollo.

Los contenidos programáticos de la acción de gobierno pueden diferir de los contenidos propuestos en campaña electoral únicamente cuando circunstancias excepcionales claramente explicadas así lo obliguen. La norma será siempre cumplir con lo prometido.

Consecuente con este compromiso, las propuestas formuladas en campaña electoral serán de acatamiento obligatorio para los representantes y funcionarios que accedan a cargos públicos en virtud del apoyo de la ciudadanía a nuestros principios y programas fundamentales.

En la vida interna de nuestra organización política y en las actuaciones públicas de sus militantes, dirigentes y candidatos, el Partido velará por la aplicación efectiva de los principios de transparencia y de rendición oportuna de cuentas a los ciudadanos, como medio efectivo para asegurar un ejercicio ético y honesto de la función pública.

Se promoverá la evaluación permanente y objetiva de la gestión del Partido cuando sus miembros ocupen cargos públicos y de representación popular.

El Partido Alianza Generacional por Veracruz combatirá de manera firme todas las formas de corrupción política no sólo para salvaguardar los recursos públicos sino también para evitar que la corrupción se constituya en una fuente de ventaja competitiva que desvirtúe el principio de la libertad, la equidad y la transparencia en todos los ámbitos de la vida política y económica del estado.

Se impulsarán mecanismos para que la sociedad civil disponga de nuevos espacios para la vigilancia y fiscalización de la labor del gobierno, las instituciones y los funcionarios públicos, en la búsqueda de un aprovechamiento más eficiente de los recursos públicos.

El Partido defenderá en todo momento a nuestras instituciones, reconocidas en los principios de la democracia representativa. Así mismo, impulsará nuevas formas de democracia participativa que reconozca un nuevo y efectivo empoderamiento de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La corrupción debilita al gobierno erosionando el Estado de Derecho y la confianza pública. En la sociedad, profundiza la desigualdad y la pobreza al desviar recursos de servicios esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura, lo que genera un costo económico severo.

La corrupción lástima lo mismo al gobierno que a la sociedad. En el primer caso, destruye la confianza, desvía recursos públicos, invalida leyes y debilita a una burocracia profesional y eficiente.

Para la sociedad, los costos de la corrupción son aún mayores porque aumenta la desigualdad, frena el crecimiento económico, normaliza la ilegalidad e incentiva la violencia.

Combatir la corrupción exige una estrategia integral que combine la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, el uso de tecnología y un marco legal estricto. Las acciones clave incluyen fomentar la denuncia segura, digitalizar trámites para eliminar la discrecionalidad y exigir la rendición de cuentas en todos los niveles.

El Partido promoverá activamente la transparencia, la excelencia, la eficiencia, la existencia de reglas claras, el buen trato y la buena atención para las y los usuarios, en la prestación de los servicios públicos, como instrumentos esenciales para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos.

Convertir la política en un espacio plural e incluyente

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un objetivo universalmente aceptado y hoy se incluye en las agendas públicas de muchos países del mundo. Existen, sin embargo, diversos conceptos y enfoques, a veces contradictorios, sobre la participación ciudadana, qué se espera de ella, cuáles son sus alcances y qué puede o no lograr en la conducción de los asuntos públicos.

Como aspiración democrática, la participación ciudadana no queda a salvo en los marcos de la democracia representativa, ni tampoco en el contexto de la sociedad plural o sociedad civil organizada, con su inevitable carga de desigualdad política y socioeconómica de los actores y la exclusión de los ciudadanos no organizados. Si se busca la participación amplia de la base social es necesario estimularla; no es un punto de arranque sino un objetivo.

La democracia participativa es posible, pero requiere de un cuidadoso diseño institucional, reglas y procedimientos claros, una resuelta voluntad política y un entorno social favorable. Vista como objetivo de política pública, la democracia participativa obliga a promover la más amplia participación de la base social.

Ante las insuficiencias de la democracia representativa, especialmente en el ámbito de los gobiernos locales, la participación ciudadana en los asuntos públicos tiende a verse como la alternativa para mejorar el desempeño gubernamental.

En Alianza Generacional por Veracruz promoveremos un incremento de la participación ciudadana para mejorar la eficiencia, la eficacia y la legitimidad democrática de las políticas públicas en los gobiernos estatal y municipales.

Esta participación debe darse de manera profesional. La solución a los problemas de Veracruz no admite improvisaciones ni letargos asociados a la incapacidad y la falta de preparación de sus responsables.

Será nuestra tarea la de formar ideológica y políticamente a nuestros militantes en los principios, normas y objetivos que nos rigen. La actividad pública debe ser siempre el reflejo de nuestra naturaleza como organización política y debe corresponder a los objetivos de construir una sociedad veracruzana más justa.

Pero la justicia y la paz social sólo la podremos alcanzar en la medida que erradiquemos la violencia política en contra de las mujeres.

Debemos capacitar a nuestra militancia sobre las acciones y omisiones con las que se materializa la violencia política contra las mujeres, visibilizar las conductas arraigadas socialmente, en los entornos públicos y privados, que limitan, anulan o menoscaban el acceso pleno a los derechos de las mujeres.

Vamos a garantizar la formación ideológica y política a las y los militantes, promoviendo la participación política de los mismos y estableciendo los mecanismos necesarios de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos políticos.

Como parte de su Programa Operativo Anual, todas las unidades administrativas y de dirección del partido deberán establecer programas específicos dirigidos a promover la participación política de las militantes. Estos programas deberán definir acciones, responsables y mecanismos para su implementación, en coordinación con el área encargada de la formación y capacitación política.

Así mismo, el fortalecimiento de la estructura interna se dará a través de la capacitación y la equidad de género, partiendo de tres ejes: La formación ideológica y política, la participación política de las mujeres, así como y el acceso y promoción de estudios académicos.

Estamos conscientes que la formación no es solo educativa, sino un requisito legal y funcional, donde los simpatizantes y militantes comprendan los principios, la plataforma electoral y los valores del partido, creando una base de militantes cohesionada y capaz de defender las propuestas del partido ante el electorado.

En el marco de la participación política de las mujeres, trabajaremos por la Paridad Sustantiva, no sólo con cumplir con cuotas en las boletas, sino garantizando que las mujeres ocupen espacios de toma de decisiones reales.

En los protocolos de atención, vamos a prevenir y sancionar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG). Para que la participación sea efectiva, destinamos un porcentaje adicional al establecido del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Para lograr esta participación política efectiva y estructurada de la militancia, se implementarán estas acciones concretas como la formación y capacitación continua, ya que no basta con invitar a la participación.

Es necesario dotar a la militancia de herramientas técnicas y teóricas a través de Escuelas de Formación Política, estableciendo programas permanentes de capacitación ideológica, oratoria, debate y gestión pública; así como capacitación digital, implementando plataformas de e- learning para militantes en zonas remotas, facilitando el acceso al conocimiento de nuestros estatutos y documentos básicos.

Se implementarán Mecanismos de Mentoría, con programas donde líderes con experiencia guíen a nuevos militantes en el ascenso a puestos de toma de decisiones.

Fortaleceremos la democratización de la vida interna -la militancia participa más cuando siente que su voz influye en las decisiones del partido-, a través de Elecciones Primarias y Consultas, implementando mecanismos de votación directa o procesos de encuesta internos para la selección de candidatos y dirigentes.

Así mismo, se prevé la realización de asambleas deliberativas, realizando reuniones periódicas (locales y distritales) donde se debatan las posturas del partido antes de ser comunicadas oficialmente. Realizaremos una tarea permanente de transparencia, manteniendo un padrón de militantes actualizado y auditable para garantizar que los derechos políticos internos se ejerzan sin exclusiones.

De igual forma, con acciones afirmativas y paridad sustantiva, vamos a garantizar que los grupos históricamente subrepresentados tengan acceso real a la actividad política, con cuotas de juventud y adscripción indígena.

Para ello se establecerán los porcentajes y bloques de postulación obligatorios para jóvenes y representantes de comunidades indígenas en las planillas de candidaturas y órganos de dirección, en estricta armonía con la legislación electoral vigente y los lineamientos que emita la autoridad administrativa.

Los Protocolos contra la Violencia Política de Género nos permitirán crear unidades internas de atención y sanción para asegurar un entorno seguro para las mujeres militantes.

Con el objetivo de eliminar las barreras estructurales que impiden que las mujeres ocupen espacios de decisión, existirá una Unidad de Atención a la Violencia Política, a través de un órgano interno con autonomía técnica para recibir, sustanciar y resolver quejas sobre violencia política en razón de género y con esto garantizar un entorno seguro para la militancia femenina.

De igual forma se impondrán cuotas de Género en Órganos Directivos, estableciendo estatutariamente que la integración de los comités ejecutivos (estatales y municipales) sea de un 50% mujeres, aplicando el principio de alternancia (si la presidencia es hombre, la secretaría general debe ser mujer).

Existirá una bolsa de Trabajo y Talentos, creando un registro interno de perfiles técnicos y profesionales de mujeres militantes para priorizar su designación en puestos de asesoría, coordinación y representación ante órganos electorales.

De igual forma, el Fomento de Liderazgos, porque no basta con el acceso; se requiere que las mujeres tengan las herramientas para liderar y ganar elecciones; con Programas de Mentoría “Líder a Líder”, vinculando a mujeres con trayectoria legislativa o administrativa con militantes jóvenes para el intercambio de experiencias y el desarrollo de habilidades de negociación política; Red de Mujeres Candidatas, creando una estructura de apoyo logístico y jurídico específica para las mujeres que buscan una candidatura, proporcionando asesoría en fiscalización, comunicación política y estrategia electoral.

Con ello, cumpliremos con nuestra misión de prepararnos para la participación de las y los militantes en los procesos electorales.

La defensa de los derechos sociales y económicos

Las últimas reformas constitucionales han dado un paso significativo en lo que respecta a las garantías universales, sin embargo, en el ámbito de los derechos sociales todavía hay mucho que hacer. Los movimientos sociales aún se encuentran muy desprotegidos en México y en Veracruz.

En el Partido Alianza Generacional por Veracruz vamos a impulsar políticas públicas que garanticen la efectiva defensa de los derechos sociales y económicos. Hay muchos vacíos en las leyes que permiten a las autoridades criminalizar y abusar de aquellos grupos y comunidades vulnerables o de quienes se organizan para dar a conocer sus necesidades y demandar una solución.

Los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.

Debemos reconocer que en Veracruz existe la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática, así como el fortalecimiento de sus capacidades para implementar políticas públicas dirigidas a promover el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas, grupos y colectividades, con garantías de igualdad y acceso a la justicia. El reconocimiento de estos derechos nos acerca a una sociedad verdaderamente justa.

Nuestro Partido impulsará los mecanismos que garanticen la vigencia de estos derechos.

A través del gobierno y sus instituciones, los derechos humanos de las personas deben respetarse, protegerse y cumplirse; por ello, a través de nuestra acción política, contribuiremos al diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para lograr su realización.

Una verdadera inclusión de los grupos vulnerables

Garantizar una verdadera inclusión de grupos vulnerables en Veracruz requiere un enfoque integral que combine la profesionalización en derechos humanos de servidores públicos, la creación de protocolos de accesibilidad (especialmente para personas con discapacidad), y la implementación de acciones de bienestar que incluyan apoyo en salud, educación, movilidad y empleo.

Los grupos vulnerables son tan diversos como sus propias demandas. Se deben crear acciones y políticas públicas diferenciadas que permitan garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

La propuesta de acciones para atender a la población con discapacidad en Veracruz se centra en mejorar la accesibilidad, rehabilitación y plena inclusión social. Proporcionar apoyos económicos no basta sino se garantiza su inclusión social plena.

Como partido político, es nuestro objetivo proponer estrategias y políticas públicas enfocadas en la inclusión laboral y económica, la salud y rehabilitación integral, la educación y cultura inclusiva, y la accesibilidad y derechos ciudadanos, como su inclusión en las candidaturas a cargos de elección popular.

En el caso de la población migrante en retorno y en situación de movilidad, además de velar por el pleno respeto a sus derechos políticos y ciudadanos en el ámbito local, es necesario generar condiciones de bienestar para sus familias. Las acciones clave incluyen fortalecer albergues, garantizar atención médica y psicológica, coadyuvar en trámites de regularización y fomentar la integración laboral.

La acción política como forma de gobierno

La acción política es un conjunto de actos dotados de sentido y significación política, o sea relacionados con la conquista y ejercicio del poder, para la construcción de un orden social deseable según la idea de quienes la realizan.

En nuestro estado, los ciudadanos han influido poco en las tareas políticas. No es sino hasta fechas muy recientes que han tomado un papel más activo debido, entre otras razones, a la crisis de legitimidad de las administraciones de gobierno y la cerrazón de las organizaciones políticas.

Pero no es sólo a través de los procesos electorales como los ciudadanos deben influir en su forma de gobierno. El proceso de ciudadanización de la política debe rebasar el ámbito exclusivo electoral –en el que se enmarcan los partidos políticos- para convertirse en verdaderos agentes del cambio. Debemos entender que los partidos sin los ciudadanos y sus aspiraciones no tenemos razón de ser.

La ciudadanización debe ser un concepto de la vida diaria de las y los veracruzanos en todos sus ámbitos: cultural, político, económico y social. Es una actividad que impulsa y fortalece la democracia participativa, es una actividad que empodera al ciudadano de una entidad tan diversa y plural como la nuestra.

En Alianza Generacional por Veracruz proponemos nuevos mecanismos de participación para lograr una verdadera ciudadanización de la función pública y la participación política. Debemos abrir el espacio a la participación decisoria de los veracruzanos, como un acto de corresponsabilidad.

Por esta razón, nos proponemos como Programa de Acción un decálogo de valores y principios que deben convertirse en iniciativas de carácter ciudadano que impulsen políticas públicas eficaces. Esta estrategia consiste en:

Luchar por la seguridad y la justicia

La seguridad pública y el acceso a la justicia son las exigencias más sentidas de la ciudadanía y las obligaciones primigenias del gobierno.

El objetivo de la seguridad y la justicia, abordado como una demanda social y una política pública, es garantizar la protección de la integridad física, la libertad y el patrimonio de las personas, al mismo tiempo que se construye un entorno de paz, igualdad y cohesión social.

No se limita solo a la reducción de delitos, sino a asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho y la convivencia pacífica. Pero esto no se logra cuando el gobierno se colude con la delincuencia mediante pactos y concesiones que lastiman y dividen a la sociedad.

La seguridad pública constituye una parte fundamental del bienestar social, ya que solamente en un ambiente seguro las personas pueden ejercer el conjunto de derechos y libertades que la Ley Fundamental reconoce y garantiza, así como realizar con normalidad y confianza las diferentes actividades cotidianas e indispensables para el desarrollo.

La seguridad pública e impartición de justicia necesitan ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno, pues son parte esencial del bienestar de una sociedad. Cada día, los veracruzanos debemos trabajar para garantizar las libertades y derechos de los veracruzanos, lo que nos permitirá preservar el orden y la paz públicos.

Vivir sin miedo y erradicar la sensación de inseguridad y la violencia en la vida cotidiana es una de las más altas exigencias de los veracruzanos. Las inversiones y el empleo sólo llegarán a Veracruz en un entorno de paz social y seguridad pública.

Pero para lograrlo, es urgente que el sistema legal sea efectivo, transparente y no impune, garantizando la reparación del daño.

En esta materia, nuestras acciones como ciudadanos y como organización política deben estar enfocadas a implementar estrategias multifacéticas que prevengan la delincuencia y garanticen la acción del Estado ante la comisión de un delito.

Sólo se alcanzará el fortalecimiento institucional con la creación de mejores policías, fiscalías y sistemas judiciales eficaces, honestos y profesionales, que investiguen y sancionen los delitos para fortalecer la confianza ciudadana.

Al mismo tiempo, es necesario identificar los factores socioeconómicos como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que generan violencia y asegurar que las acciones de seguridad respeten la dignidad humana y las garantías individuales.

Fomentar la integración económica regional

La integración económica regional se refiere al proceso de conectar y coordinar las diversas zonas productivas del estado para potenciar su crecimiento y competitividad, tanto a nivel interno como hacia el exterior.

Veracruz es el estado con el mayor número de zonas metropolitanas en México -8 estatales y 1 interestatal-, lo que le otorga una ventaja competitiva al actuar como nodos de desarrollo. La integración busca que estas regiones no funcionen de forma aislada, sino que colaboren mediante la movilidad social y la identificación de vocaciones por región.

La integración económica regional en Veracruz es vital para potenciar su infraestructura portuaria, agroindustria y manufactura, conectando zonas rurales con centros urbanos para mejorar la competitividad. Facilita la creación de Polos de Desarrollo que impulsan el empleo y optimizan la logística de exportación.

Para ello es necesario articular las vocaciones productivas municipales mediante infraestructura logística, la vinculación con la academia y el desarrollo de proveeduría local.

Se deben considerar algunos aspectos clave de la integración económica en Veracruz como el desarrollo agroindustrial, los polos de desarrollo económico -puerto de Veracruz y los nuevos polos en el norte-, la conectividad Rural-Urbana, así como el motor logístico y portuario que fortalezca el comercio exterior y el empleo.

Seguridad social, empleo y el bienestar

El objetivo primordial de la seguridad social, el empleo y el bienestar es garantizar la protección integral de los ciudadanos, mitigando la pobreza y previniendo la exclusión social. Busca asegurar atención médica, ingresos ante contingencias (vejez, desempleo, enfermedad) y promover un entorno laboral digno que eleve la calidad de vida y el desarrollo humano.

Veracruz enfrenta serias carencias sociales, con casi el 30% de su población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales y más de la mitad en pobreza, destacando rezagos en seguridad social, salud y servicios básicos. El estado también presenta una alta tasa de informalidad laboral (69%) y bajos ingresos, situándose entre las entidades con peores indicadores de bienestar y empleo.

La Seguridad Social es un tema prioritario de nuestra agenda pública, pues concebimos a la lucha contra la pobreza y los esfuerzos por aumentar la equidad como dos de las funciones básicas del Estado.

El fortalecimiento de la familia será un elemento básico en la política social, tanto en la construcción de una cultura de integración familiar, como en el perfeccionamiento del marco jurídico.

El empleo debe ser la base de toda riqueza. Los veracruzanos deben gozar de oportunidades de empleo que les permita satisfacer sus necesidades, pero al mismo tiempo, generar las condiciones de bienestar para el logro de sus objetivos.

Ante los riesgos económicos y sociales, impulsar el bienestar social requiere un enfoque integral que fomente el desarrollo económico local, incentivos estatales para la transición a la formalidad, la capacitación continua y la vinculación efectiva con los sectores productivos.

Acciones clave incluyen coadyuvar en la gestión de servicios de salud integrales, promover la vivienda digna a nivel regional y vigilar el cumplimiento de los derechos laborales en el ámbito de nuestra competencia estatal, el diálogo social y el desarrollo de prestaciones sociales y de vivienda.

Convertir las causas ciudadanas en políticas públicas

El objetivo principal de convertir demandas ciudadanas en políticas públicas es asegurar que las acciones del gobierno respondan a necesidades reales, mejorando la eficacia, legitimidad y transparencia de la gestión estatal.

Esto fortalece la democracia al fomentar la participación, reducir la desigualdad y garantizar derechos sociales mediante la solución de problemas específicos.

¿Por qué Alianza Generacional por Veracruz busca abanderar causas ciudadanas? Por la profunda convicción de adoptar, impulsar y representar las demandas, necesidades y propuestas de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general, con el fin de transformarlas en acciones concretas, políticas públicas eficientes o cambios legislativos de fondo.

Buscamos representar los intereses ciudadanos promoviendo canales efectivos de comunicación y participación frente a los retos de la gestión pública actual y los modelos que centralizan las decisiones fundamentales del Estado.

Trabajar para abanderar causas ciudadanas no debe ser una promesa incumplida. Los ciudadanos exigen verse verdaderamente reflejados en las agendas de las organizaciones políticas, encontrando respaldo real a sus legítimos intereses.

Por ello, nos proponemos abanderar de manera consistente las mejores causas sociales, económicas y políticas mediante la suma de esfuerzos y la apertura de nuestros espacios de participación.

El abanderamiento de causas ciudadanas implica asumir, promover y defender demandas sociales específicas para lograr cambios tangibles en la comunidad, transformando la participación tradicional en una “ciudadanía activa” y corresponsable.

Las causas ciudadanas son tan diversas como la propia demanda social.

Temas como la protección del medio ambiente y la naturaleza, la mejora de servicios de vialidad y transporte, la protección civil y prevención de desastres, la igualdad de género y erradicación de violencia contra las mujeres, así como la seguridad comunitaria y la prevención de adicciones, son prioritarios.

Buscamos asegurar que estas exigencias sean escuchadas y atendidas por las instituciones, fomentando una democracia más participativa.

Nuestra participación en estas causas busca vincular orgánicamente a Alianza Generacional por Veracruz con la sociedad, ofreciendo representación institucional a demandas que a menudo surgen de la ciudadanía organizada o de grupos de la sociedad civil.

En Veracruz es necesario potenciar e institucionalizar la intervención real de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Deben crearse y consolidarse mecanismos efectivos y permanentes para que las demandas ciudadanas se conviertan en políticas de Estado, garantizando que su cumplimiento sea una obligación institucional e independiente de la voluntad del gobernante en turno.

Atender las demandas ciudadanas y convertirlas en políticas públicas eficaces requiere un enfoque estrictamente técnico, participativo y transparente, que trascienda las soluciones simplistas y se sustente en diagnósticos claros y evidencias científicas. Estas políticas fomentan la cohesión social, impulsan el desarrollo equitativo y aseguran el bienestar integral.

Por ello, deben implementarse con un alto sentido social, no solo para lograr sus objetivos, sino para alcanzar un mayor grado de integración y apropiación entre las comunidades beneficiarias.

Debemos mejorar continuamente los procesos de implementación de las políticas públicas; que estas no surjan de manera aislada desde el análisis estadístico o las proyecciones financieras, sino del conocimiento profundo de una realidad social en la que intervienen toda clase de factores humanos. El desarrollo económico y la inversión productiva solo se consolidarán plenamente si construimos primero una base sólida de desarrollo social y equidad.

Para lograrlo, es necesario implementar acciones específicas, concretas y medibles orientadas a la reducción de la desigualdad; garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos; alcanzar la cohesión social que impulse el desarrollo y dar solución a los desafíos más complejos que enfrentamos como entidad.

Respeto a la pluriculturalidad y a los pueblos indígenas

El respeto a la pluriculturalidad y a los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de sociedades justas, democráticas y sostenibles. Esta valoración no solo protege los derechos humanos de los pueblos originarios, sino que enriquece la identidad nacional, fomenta la innovación y contribuye a la conservación ambiental.

Para garantizar el respeto a la pluriculturalidad y a los pueblos indígenas, es fundamental reconocer sus derechos constitucionales, la libre determinación, la autonomía, la protección de sus territorios, la preservación de sus lenguas y la consulta previa sobre proyectos que los afecten. Estas acciones fomentan la igualdad, justicia y desarrollo integral.

Debemos reconocer la necesidad de una educación intercultural bilingüe de calidad y con pertinencia lingüística para los pueblos indígenas, en todos los niveles educativos, y la de una educación intercultural para toda la población, en el marco de la definición de México como país pluricultural y frente a las lamentables condiciones de vida de la población indígena en nuestro país.

El reconocimiento y Protección de Derechos, la inclusión de la educación y la cultura, la justicia efectiva y la participación comunitaria, así como el desarrollo social y económico inclusivo son tareas impostergables en una sociedad verdaderamente democrática.

Al mismo tiempo, hoy más que nunca es necesario articular un sistema jurídico integral en materia de derechos indígenas que permita la convivencia armónica de instituciones y normas del derecho positivo mexicano y de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas originarios que habitan en el territorio nacional.

Proteger al medio ambiente y promover el desarrollo sustentable

La ecología y el medio ambiente son indispensables para el desarrollo humano sustentable. Las personas en situación de pobreza son quienes se ven afectadas de manera desproporcionada por la degradación ambiental y la falta de acceso a los servicios de energía limpia y asequible. Asegurar la sustentabilidad y el acceso a los servicios medioambientales se ha convertido en una prioridad para la sociedad veracruzana.

Por desgracia, el mundo enfrenta un riesgo alto de incumplimiento de la Agenda 2030, con más del 85% de los indicadores de los ODS fuera de trayectoria, según el Pacto Global. Factores como conflictos armados, falta de financiación y el impacto del cambio climático han frenado o revertido avances en pobreza y hambre.

Por esta razón, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sustentable es crucial para garantizar la supervivencia humana y mantener la salud del planeta, equilibrando el crecimiento económico con equidad social y la preservación ecológica, mitigando el cambio climático y conservando la biodiversidad.

Como acción de gobierno, esta protección implica integrar la sostenibilidad en las políticas públicas para conservar recursos naturales, frenar la contaminación y el cambio climático, y transitar hacia una economía circular. Se basa en normativas, justicia ambiental y la participación ciudadana.

El desarrollo sustentable como política pública busca equilibrar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental para satisfacer necesidades actuales sin comprometer las futuras. Implica diseñar estrategias gubernamentales a largo plazo que promuevan el uso responsable de recursos, la equidad y la gestión sostenible, alineándose con agendas internacionales como los ODS de la ONU.

Desde nuestra organización política, reconocemos que en el estado de Veracruz tenemos por objetivo fortalecer las capacidades en los tres órdenes de gobierno -federación, estados y municipios-, el sector privado, la academia y la sociedad civil para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales.

Un elemento fundamental para la protección del medio ambiente es la actuación de los poderes públicos. Los organismos gubernamentales tienen una responsabilidad de primer orden a la hora de establecer marcos regulatorios que promuevan buenas prácticas en la gestión medioambiental por parte de particulares y empresas.

El Partido Alianza Generacional por Veracruz reconoce como Desarrollo Sostenible el proceso de reducción de la pobreza compatible con la protección del medio ambiente. La acción pública debe garantizar el acceso universal a los procesos de generación y distribución de riqueza, para que el esfuerzo de cada individuo defina el lugar que ocupa en la sociedad.

El desarrollo sostenible es una visión que abarca el respeto por todas las formas de vida -humana y no humana- y los recursos naturales, la reducción de la pobreza, la igualdad de género, los derechos humanos, la educación para todos(as), la salud, la seguridad humana y el diálogo intercultural.

Por ello, para alcanzar este desarrollo sostenible, las propuestas de desarrollo económico impulsadas por el Partido Alianza Generacional por Veracruz deben garantizar la conservación y protección efectiva de nuestras riquezas naturales, como patrimonio que pertenece a toda la humanidad.

La iniciativa individual y la empresa privada son las mejores herramientas para crear riqueza. En el largo plazo podrían también conducir a la reducción de la pobreza, pero en el corto y mediano plazo para materializar este fin, así como para proteger el ambiente, es necesario que el Estado asuma responsabilidades especiales en materia de ecología, medio ambiente y acciones que reduzcan el impacto del cambio climático.

Impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones

Una de las causas que han alejado a la ciudadanía de la participación, es el enorme desprecio que han tenido los gobernantes por la participación ciudadana en la toma de las decisiones; no se reconoce el derecho a la participación como un derecho colectivo o individual. En muchos casos, es la propia autoridad es la que se convierte en obstáculo.

Se busca fomentar cada vez más a las nuevas generaciones a que participen, ya que la participación de ciudadanas y ciudadanos ya sea social, política, comunitaria o ciudadana es de suma importancia debido a que de esta forma se establece el tipo de sociedad y de convivencia que existirá entre los ciudadanos. Además de esto, mediante la participación, se pueden lograr cambios significativos a favor de todos los ciudadanos.

El objetivo de la participación ciudadana es lograr una sociedad más democrática, incluyente y representativa de los ciudadanos.

También es importante asegurar la participación de la sociedad para garantizar procesos justos y efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

En esta tarea, como sucede prácticamente en toda actividad pública, es necesario el acceso a la tecnología y la comunicación.

Impulsar la participación ciudadana requiere integrar mecanismos digitales y presenciales, tales como presupuestos participativos, consultas públicas, cabildos abiertos y foros de debate. Acciones clave incluyen la educación cívica, el uso de tecnología para facilitar el voto/consulta, garantizar la inclusión, transparencia y la creación de contralorías ciudadanas para vigilar el gasto público.

Finalmente, incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones mejora la calidad y equidad de las políticas públicas al incorporar diversas perspectivas y conocimientos; fortalece la legitimidad gubernamental, reduce la corrupción mediante la rendición de cuentas y empodera a la población, resultando en políticas más eficaces y ajustadas a las necesidades reales de la comunidad.

Acceso a la justicia y combate a la impunidad

El acceso a la justicia y el combate a la impunidad constituyen una de las aspiraciones sociales más profundas y urgentes en la construcción de un estado de derecho funcional y democrático. Esta aspiración busca que toda persona, sin importar su condición, pueda proteger sus derechos mediante un sistema judicial imparcial, rápido y autónomo.

En México más del 98% de los crímenes cometidos no son sancionados. Las instituciones responsables de la procuración y administración de la justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables.

La realidad en el estado de Veracruz es la misma. A pesar de los discursos oficiales que reportan disminuciones marginales en ciertos delitos de alto impacto, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en Veracruz enfrentan una crisis estructural sostenida. El estado registra altos índices de violencia, impunidad en crímenes contra periodistas, una crisis forense con miles de cuerpos sin identificar y una percepción de inseguridad que afecta a la mayoría de la población.

El Estado ha fallado en su compromiso del acceso a la justicia oportuna, por lo que impulsaremos el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública preventiva a través de la capacitación especializada, la profesionalización continua y la aplicación estricta de los controles de confianza, coadyuvando desde el ámbito legislativo y presupuestal con las instituciones autónomas de procuración de justicia, así como una verdadera estrategia de seguridad en contra de quienes violentan la convivencia pacífica de los veracruzanos.

Garantizar justicia exige investigaciones efectivas, fortalecer la transparencia institucional y priorizar la atención a víctimas vulnerables. La realidad en Veracruz confirma que no puede haber paz sin justicia.

Si queremos lograr un entorno de paz y justicia debemos acabar con la impunidad. Para ello, proponemos atacar problemáticas estructurales, impulsar prácticas de gobierno abierto, reforzar la procuración de justicia, mejorar el acceso a la justicia y considerar las particularidades de los grupos vulnerables.

Debido a los niveles de inseguridad, violencia y corrupción que estamos enfrentando en Veracruz, es momento de trabajar sobre los temas que más nos preocupan y ponen en juego nuestro futuro.

Lucha contra la pobreza

En la mayor parte del mundo siguen revistiendo suma importancia la eliminación de la pobreza y la marginación, el logro de una mayor igualdad en la distribución de los ingresos y el desarrollo de los recursos humanos. La lucha contra la pobreza es una responsabilidad común a todas las sociedades y en ello Veracruz no es la excepción.

El propósito fundamental de la lucha contra la pobreza en Veracruz es mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, elevando los índices de desarrollo humano y disminuyendo la marginación, especialmente en las regiones con mayor vulnerabilidad.

La lucha contra la pobreza en Veracruz debe ser multidimensional, focalizada y productiva, superando el asistencialismo de coyuntura para atacar de fondo las carencias estructurales en salud, educación, vivienda y alimentación, mientras se fomenta el empleo formal.

Para ello se requiere fortalecer la infraestructura básica, garantizar derechos sociales y promover proyectos productivos que generen ingresos sostenibles, especialmente para mujeres y zonas rurales.

Asimismo, es necesario elaborar, para todas las regiones marcadas por la pobreza, estrategias y programas integrados de gestión racional y sostenible del medio ambiente, movilización de recursos, eliminación de la pobreza y reducción de sus efectos, así como el empleo y la generación de ingresos.

La pobreza es una condición transitoria, no un destino inmutable, que puede superarse mediante el desarrollo de oportunidades, el acceso a servicios básicos (educación, salud, vivienda) y el empoderamiento individual. Romper este ciclo implica combinar el esfuerzo personal con políticas públicas estructurales que garanticen derechos fundamentales.

Alianza Generacional por Veracruz busca lograr que todos los veracruzanos reciban la oportunidad de trabajar y de tener medios de subsistencia permanentes.

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INTRODUCCIÓN

Veracruz es reconocido históricamente como un pilar fundamental en la construcción de la nación mexicana, fungiendo como escenario de eventos cruciales que consolidaron la libertad, la justicia social y la democracia. Su importancia radica en ser cuna de la soberanía nacional, sede de leyes fundamentales, bastión de resistencia ante intervenciones extranjeras y protagonista de los movimientos obreros y luchas sociales que dieron identidad a la patria.

A lo largo de su historia, Veracruz ha sido una tierra de libertades, de respeto a la diversidad social y política, y de hermanamiento entre pueblos y culturas. Con más de 8 millones de habitantes, aquí coinciden hoy diversas generaciones de distinto origen que buscan mejorar sus condiciones económicas y sociales como la única vía para alcanzar el bienestar y el desarrollo humano.

En su devenir histórico, nuestro estado ha sido el punto de encuentro de continentes, promotor de las libertades durante la Independencia y artífice de la nación en los movimientos de la Reforma y la Revolución, pasajes en los que llegó a ser sede de los Poderes de la Unión. Los veracruzanos han dado prestigio y riqueza a México; su cultura, su naturaleza y su riqueza energética han permitido al país ser un referente en el escenario internacional y una palanca del desarrollo. La capacidad productiva de la nación no puede entenderse sin la contribución de Veracruz desde la fundación de la República.

Al término de la Independencia de México, Veracruz fue una de las entidades federativas originales —la séptima en orden de creación— con un territorio casi idéntico al actual, a excepción de una porción que pertenecía a Puebla y que, con la promulgación de la Constitución de 1857, se integró para definir nuestra extensión actual.

Veracruz representa mucho más que una entidad federativa. Quienes viven aquí procuran una vida libre de violencia y sin discriminación de ningún tipo; manifiestan su derecho a la vida de manera plena, guardan una profunda vocación por el trabajo digno y productivo, y creen en la educación como el gran motor de la igualdad y la oportunidad. Asimismo, nuestro estado es refugio de identidades que enriquecen el multiculturalismo y la cotidianidad de sus habitantes. Preservar esta riqueza social, con base en la solidaridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, es una de las tareas más importantes que deben realizar el gobierno y sus instituciones.

Alianza Generacional por Veracruz es, por naturaleza y origen, un espacio abierto a la participación social y política. Somos una organización con una profunda vocación democrática que busca en el diálogo, el consenso y el encuentro de experiencias la solución a los problemas más relevantes de la entidad y de sus habitantes.

Nuestro partido nace de la firme convicción de que Veracruz requiere un nuevo equilibrio político basado en instituciones fuertes, responsabilidad en el ejercicio del poder y una visión integral de desarrollo sustentada en la libertad, la legalidad y la prosperidad compartida.

Frente a visiones que debilitan la institucionalidad democrática y centralizan las decisiones, proponemos una alternativa responsable, moderna y verdaderamente democrática.

Nuestra presencia en el espectro político de Veracruz tendrá como fin permanente contribuir a la mesura, la tolerancia y el libre ejercicio de la actividad política. Somos una organización plural, incluyente y respetuosa. Actuamos bajo la corriente de pensamiento de la democracia social, donde el ciudadano es el principio y fin de la actuación del Estado, y donde el gobierno debe asumir un rol estratégico para garantizar el desarrollo integral.

Veracruz hoy requiere resolver de fondo el déficit social que ha agravado la falta de planeación, la pobreza y la inseguridad. Las soluciones deben encontrar su viabilidad en una visión humanista, donde se brinde protección a la población más vulnerable y se promueva la igualdad como condición inherente del bienestar y la justicia.

Los veracruzanos deben gozar de las mismas oportunidades en aspectos f u n d a m e n t a l e s que garanticen sus derechos humanos —como la salud, la educación, el empleo y un medio ambiente sustentable— sin que estas oportunidades estén determinadas por la clase social a la que pertenecen. En Alianza Generacional por Veracruz tenemos la firme convicción de establecer las bases que garanticen a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de cualquier tipo de violencia.

Esto lo haremos mediante la estricta aplicación de los mecanismos señalados en el Reglamento para la Prevención, Atención, Sanción, Reparación y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, asegurando así condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político.

Esta protección de derechos es aplicable para mujeres dirigentes, representantes, militantes, afiliadas, simpatizantes, precandidatas y candidatas postuladas por nuestro instituto político o a través de coaliciones, así como para cualquier mujer que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro del partido o en el servicio público.

La desigualdad es la madre de la pobreza y la pobreza es el principal freno al desarrollo. Veracruz sólo podrá alcanzar su verdadero potencial en la medida en que el Estado y sus instituciones reduzcan las brechas sociales y promuevan la equidad en cada acción del poder público.

Asumimos que la erosión de las instituciones democráticas, la polarización social y la inestabilidad económica a largo plazo — traducida históricamente en inflación y déficit fiscal— comprometen el futuro del estado. Los modelos de gobernanza que concentran el poder de manera discrecional limitan la independencia judicial, presionan a los medios de comunicación y debilitan los contrapesos constitucionales, afectan gravemente la estabilidad social y el crecimiento económico, convirtiendo el alivio efímero de hoy en incertidumbre permanente para el mañana.

Por ello, en Alianza Generacional por Veracruz impulsamos el rescate de las instituciones como una forma de redimensionar la relación entre la autoridad y el ciudadano. Las revoluciones no pueden ser permanentes; el cambio social sí. Debemos reformar para mejorar, nunca para retroceder ni para mantener el statu quo.

La práctica del reformismo nos permite adoptar nuevas políticas en función de las necesidades dinámicas de la sociedad. El propósito del Estado no debe ser el crecimiento económico que concentra la riqueza en unos cuantos, pero tampoco la distribución asistencialista y discrecional de los recursos públicos que solo administra la pobreza sin resolverla en su origen.

Proponemos, en su lugar, un modelo económico equilibrado que fomente la igualdad de oportunidades, incentive la productividad, atraiga la inversión y logre el empoderamiento estructural de las personas para superar la pobreza de manera definitiva.

En lo político, creemos firmemente en el principio demócrata de que la máxima autoridad reside en el ciudadano. Por tanto, las instituciones deben establecer y respetar los mecanismos que garanticen su participación en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Finalmente, la igualdad debe superar el reduccionismo de los factores meramente asistenciales. Para Alianza Generacional por Veracruz, la equidad de género, el reencuentro intergeneracional y la inclusión son las herramientas indispensables para lograr una sociedad justa, la erradicación total de la discriminación y una vida libre de violencia para todas y todos los veracruzanos.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La presente Declaración de Principios constituye una expresión fundacional de nuestra ideología política y el testimonio de nuestro desempeño en la esfera pública. Será en todo momento la filosofía que inspire al Partido Alianza Generacional por Veracruz en su vínculo permanente con la sociedad veracruzana.

Los principios rectores de nuestro pensamiento materializan nuestra aspiración permanente por un futuro mejor para todos los veracruzanos, en paz, justicia, seguridad y democracia. Por tal razón, el Partido Alianza Generacional por Veracruz declara y promueve los siguientes principios:

1. Defensa de la Constitución y del Estado de Derecho

Creemos en la supremacía de la Constitución y en el respeto absoluto a la ley. Ningún gobierno, partido o líder puede colocarse por encima del marco legal ni utilizar el poder público para debilitar la democracia.

El principio de legalidad o primacía de la ley es un fundamento esencial, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, y no a la voluntad arbitraria de las personas. La legalidad, en su acepción jurídica más aceptada, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse debidamente fundado y motivado por el derecho vigente.

Consolidar el proceso de modernización económica y política de México requiere necesariamente que se respete y fortalezca de manera efectiva el principio de legalidad, consagrado como garantía para toda la ciudadanía en nuestra Constitución Política.

El principio de defensa de la Constitución y del Estado de Derecho demanda la sujeción al derecho de todos quienes nos reconocemos como integrantes y órganos de este instituto político; por ello, los actos o procedimientos jurídicos realizados por nuestro partido observarán siempre la obligación de respetar nuestra Carta Magna y las leyes e instituciones que emanan de ella.

En este sentido, es decisión del Partido no aceptar, en ninguna forma y en ninguna circunstancia, pacto o acuerdo que sujete o subordine nuestra actividad política a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros. (Cláusula de Salvaguarda Constitucional).

Sin excepción alguna, se rechaza toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias, y de cualquiera de las personas a las que la ley prohíbe financiar a los partidos políticos.

Solo en el principio de legalidad podremos encontrar una verdadera legitimidad. Nuestra actuación como entidad de interés público observará en todo momento la obligación de conducir nuestras actividades por medios pacíficos y mediante la vía democrática.

2. Responsabilidad Democrática frente a la Conducción del Estado

En Alianza Generacional por Veracruz sostenemos que el desarrollo armónico de nuestra sociedad depende de instituciones sólidas, la división de poderes y el pluralismo político. Rechazamos los modelos de gobernanza centralistas o caudillistas que promueven la polarización social y sustituyen la planeación técnica y las políticas públicas responsables por decisiones coyunturales de corto plazo.

La descalificación sistemática y la división debilitan el tejido social de los veracruzanos. Creemos firmemente que la solidez de las libertades individuales y el respeto a la diversidad son los pilares de la paz pública. Por ello, nos oponemos decididamente a cualquier intento de erosionar la independencia del Poder Judicial o de debilitar los contrapesos constitucionales que garantizan los límites al ejercicio del poder de los gobernantes.

Nuestra organización asume el compromiso histórico de avanzar mediante el consenso, la tolerancia y el diálogo constructivo. Frente a la demagogia económica y la visión patrimonialista del Estado, Alianza Generacional por Veracruz propone una alternativa de estabilidad institucional, certidumbre jurídica y desarrollo social sostenible que preserve los logros democráticos edificados por generaciones de mexicanas y mexicanos.

3. Construcción de Ciudadanía

La construcción de la ciudadanía es un proceso dinámico y participativo que implica el ejercicio activo de derechos y el cumplimiento de deberes civiles, políticos y sociales para fomentar la igualdad, la libertad y la democracia.

En una sociedad democrática, el ciudadano constituye el elemento sustantivo del Estado. El gobierno, las leyes, las instituciones y la justicia no deben tener otro propósito que satisfacer las necesidades de la población, tanto en sus demandas individuales como en la acción colectiva. Por ello, asumimos la obligación de conducir nuestras actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Que los veracruzanos asuman este papel es el primer paso para la construcción de una sociedad más igualitaria.

Veracruz requiere de ciudadanos mejor informados y con una mayor incidencia en los procesos de toma de decisión. El gobierno no debe servir solo a su propia preservación, sino cumplir la función para la que fue creado: garantizar el bienestar colectivo.

En Alianza Generacional por Veracruz impulsamos la construcción de una ciudadanía integral, con pleno acceso a los derechos políticos, civiles y sociales. Una nueva ciudadanía veracruzana nos permitirá mejorar la relación entre gobernantes y gobernados, fortalecer el sistema democrático representativo y participativo, legitimar las decisiones gubernamentales y consolidar una gobernanza real, donde gobierno y sociedad actúen en conjunto.

De manera complementaria y en estricto apego a la legislación electoral aplicable, el Partido Alianza Generacional por Veracruz asume el compromiso obligatorio de formar ideológica y políticamente a sus afiliados de manera continua. Así mismo, este instituto político promoverá de forma permanente en su militancia el respeto absoluto al adversario y a sus derechos en la contienda política, priorizando el debate democrático de ideas y rechazando toda forma de descalificación que demerite la convivencia civilizada.

4. Democratización del Poder Público

La democratización del poder público es el proceso de transición hacia un sistema donde la toma de decisiones no recae solo en una élite, sino que se dispersa hacia la ciudadanía a través de la participación, el voto y mecanismos de control. Implica descentralizar el poder, garantizando derechos humanos, igualdad y rendición de cuentas para asegurar que la voluntad popular sea la base del gobierno.

En Alianza Generacional por Veracruz vamos a fortalecer las instituciones democráticas; por ello, lucharemos por la autonomía del Poder Judicial, de los órganos constitucionales autónomos y de las instituciones electorales, como garantes del equilibrio democrático. Creemos en un sistema político donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial ejerzan sus funciones con total independencia y responsabilidad.

Como partido político, tenemos el objetivo fundamental de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y hacer posible su acceso al poder público por la vía pacífica. En Alianza Generacional por Veracruz entendemos que el ejercicio del poder a través del gobierno sólo tendrá éxito si refleja las aspiraciones sociales. La preservación del poder no debe ser una aspiración coercitiva, sino el resultado del legítimo y eficaz ejercicio de gobierno.

En este sentido, la democratización del poder público debe rechazar cualquier aspiración al clientelismo electoral. Proponemos una representación ciudadana efectiva frente a la participación social populista inducida desde el gobierno y el partido en el poder. Buscamos ciudadanos libres para hacer frente a la amenaza de las clientelas electorales. La política debe estar al servicio de los ciudadanos, nunca más los ciudadanos al servicio de la política.

5. Responsabilidad Social del Estado

La responsabilidad social del Estado es el compromiso de las instituciones públicas de actuar con ética, transparencia y eficiencia para generar valor público, bienestar social y desarrollo sostenible. Implica diseñar políticas justas, garantizar derechos humanos, proteger el medio ambiente y fomentar la participación ciudadana, yendo más allá del estatus legal.

Si bien es cierto que el gobierno tiene establecidos sus deberes en las leyes, lo es también que debe cumplir con los principios de la responsabilidad social: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a las partes interesadas, respeto al principio de legalidad y acatamiento de las normas internacionales de comportamiento.

El Estado debe observar su responsabilidad social en todo momento. Por ello, creemos firmemente que debe cumplir y velar por los derechos humanos, implementar prácticas laborales que respeten la dignidad de las personas y priorizar la protección al medio ambiente.

Desde nuestra organización política observamos la necesidad de avanzar en el rediseño de nuestras instituciones para mejorar los procesos de planeación institucional, transformando la administración pública bajo una nueva cultura de corresponsabilidad.

6. Lucha por la Justicia

La justicia no puede ser una aspiración que sustituya al derecho, sino el pilar sobre el cual se edifica. Alianza Generacional por Veracruz promoverá que el principio de justicia se reconozca como la más legítima aspiración humana. La lucha por la justicia es un deber irrenunciable; representa otorgar a cada individuo lo que en derecho le corresponde y guiar el proceso necesario para alcanzar la igualdad.

Advertimos que el reciente modelo de gobierno ha impuesto un “populismo punitivo”, buscando réditos electorales con leyes más severas y un discurso de “mano dura” que prioriza el aplauso popular sobre la complejidad de las causas delictivas. Esto ha erosionado la independencia judicial y politizado el derecho en nombre de una falsa “voluntad popular”. México no puede vivir bajo un modelo que se alimenta de la inseguridad y utiliza políticamente el miedo social.

Una de nuestras tareas más consistentes será la lucha por la justicia social, enfocada en la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo humano: salud, educación, bienestar socioafectivo y derechos humanos. Una democracia sin justicia es inconcebible.

La fuerza del Estado para hacerla valer se aplicará siempre y en todo momento con sabiduría y apego a la ley.

7. Lucha contra la Violencia y la Discriminación

Todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de discriminación y violencia. Este derecho está protegido por diversos tratados internacionales ratificados por México, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

La discriminación constituye un acto repudiable que comprende toda exclusión, restricción o preferencia fundamentada en motivos culturales, étnicos, generacionales, de género, clase o ideología política, y que tiene por objeto o resultado menoscabar el goce de los derechos humanos.

Como organización política, es nuestro deber mantener viva esta lucha. Impulsaremos con perseverancia que estos principios trasciendan al ámbito escrito para convertirse en una norma viva de convivencia social. La violencia y la discriminación no caben en una sociedad progresista e incluyente como la veracruzana.

8. Promover la Igualdad de Género y la Equidad de Condiciones

La igualdad de género en los partidos políticos es el pilar de una democracia paritaria, ya que estas instituciones son la vía de acceso a los cargos de toma de decisiones.

Su importancia radica en transformar la política de una estructura históricamente masculina a una representación real de la sociedad. En nuestro partido, la igualdad de género, la diversidad y la inclusión son sustanciales para mejorar la vida cotidiana de la sociedad veracruzana.

Acorde a lo estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los Lineamientos aplicables a los partidos políticos, la Ley General de Víctimas y nuestro Reglamento para la Prevención, Atención, Sanción, Reparación y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, nuestro instituto político observará rigurosamente todos los mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política de género.

Se entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o el libre desarrollo de la función pública.

Alianza Generacional por Veracruz cuenta con mecanismos internos especializados para conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar estas conductas cuando guarden relación con su vida interna. El partido prevendrá, atenderá, sancionará, reparará y erradicará la violencia política de género en todo su entorno, abarcando a la militancia, candidaturas y dirigencias, tanto en espacios físicos como digitales, bajo los principios rectores de perspectiva de género, no revictimización y debida diligencia.

Para ello, se establece un catálogo de conductas prohibidas que incluye la restricción ilegal del uso de la palabra, el ocultamiento de información indispensable para el cargo y la difamación mediante estereotipos de género.

A nivel procedimental, se instituye un mecanismo sumario y expedito de quejas coordinado por la Unidad de Género y el Órgano de Justicia Interna del partido. Este sistema faculta la emisión inmediata de medidas cautelares y de protección en un plazo menor a 24 horas, incluyendo la suspensión temporal de los derechos partidistas del presunto agresor.

Asimismo, se establecen sanciones proporcionales a la gravedad de la falta que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva o la cancelación de candidaturas, garantizando medidas de reparación integral, garantías de no repetición y la inscripción del infractor en el registro de personas sancionadas correspondiente.

Nuestro Partido reconoce y estimula la paridad de género desde su dimensión como generador de igualdad política entre hombres y mujeres; por ello, se garantizará el estricto cumplimiento del 50% para cada género en las candidaturas a los cargos de representación popular y en los cargos de dirigencia partidaria, favoreciendo una auténtica representación democrática.

Como partido político asumimos la responsabilidad ineludible de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

9. Construir una Plataforma Plural e Incluyente

En Alianza Generacional por Veracruz hemos construido un espacio abierto a la participación política y al libre pensamiento. Creemos en la inclusión que resulta del contraste y armonización de todas las ideas, sin importar su origen, siempre que su destino sea el bien común.

Nuestra organización es un frente amplio de ciudadanas y ciudadanos veracruzanos que impulsa una corriente política e ideológica abierta a todos los actores políticos y organizaciones sociales. Somos una fuerza ciudadana plural en movimiento.

En nuestro partido confluyen veracruzanos de todas las regiones, de todas las edades, de diversas corrientes ideológicas y de distintos sectores sociales y económicos, a quienes nos une el mismo interés por construir una nueva grandeza para el estado que nos ha visto nacer o que nos ha recibido como nuestra tierra de adopción. En la pluralidad, buscamos construir una plataforma que incluya a todos los sectores que tengan algo que aportar a Veracruz, una causa que defender y un objetivo por cumplir.

Proponemos nuevos modelos de gobierno que protejan a los ciudadanos y garanticen su calidad de vida; que reconstruyan el tejido social con principios de desarrollo económico sustentable, equidad de género, dignificación del trabajo, diálogo social, no discriminación, preservación del equilibrio ecológico, cultura de la paz y no violencia, así como la defensa irrenunciable del Estado democrático y social.

Con este propósito, trabajamos para garantizar la inclusión de personas con discapacidad y migrantes a una vida laboral activa, accesibilidad y acciones afirmativas eficientes. La importancia de la población migrante en Veracruz es multidimensional, ya que el estado actúa simultáneamente como un emisor de trabajadores hacia el extranjero, un receptor de remesas y un punto de tránsito crítico.

Por otro lado, la población con discapacidad en Veracruz representa un sector fundamental para el desarrollo, no solo por su volumen demográfico —estimado en aproximadamente 1.5 millones de personas— sino por su potencial para fomentar economías más equitativas y sociedades plenamente inclusivas.

Nuestra plataforma es un espacio abierto a todas las propuestas que nos permitan implementar estrategias de seguridad eficientes, políticas públicas de calidad, programas que atiendan el rezago social y la pobreza extrema, y campañas de concientización y desarrollo de las personas con el fin de establecer un nuevo orden social basado en la comunidad.

10. Integración Económica Regional

Veracruz se divide geográficamente en 10 regiones que abarcan 212 municipios, destacando por su enorme diversidad cultural, natural y climática que va desde la Huasteca al norte hasta la región Olmeca al sur.

Estas regiones son: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Montañas, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca. Esta diversidad convierte al estado en un mosaico de climas, culturas y paisajes, siendo una de las entidades más ricas de México.

Paradójicamente, esta diversidad ha dado lugar a diferencias sustanciales en la identidad social y económica de los veracruzanos. Lo que debería ser una de sus principales fortalezas se ha convertido en un estado desarticulado, con desarrollos sociales, económicos, comerciales e industriales heterogéneos.

Veracruz muestra un potencial de mercado interno creciente, posicionado como la sexta economía más importante de México, al aportar el 4.4 del PIB nacional (2025). Sin embargo, bajo criterios de administraciones populistas, ha mantenido un crecimiento económico marginal y una tasa de empleo insuficiente.

La integración económica regional en Veracruz es vital para potenciar su infraestructura portuaria, agroindustria y manufactura, conectando las zonas rurales con los centros urbanos para mejorar la competitividad. Facilita la creación de Polos de Desarrollo e impulsa el empleo digno y optimiza la logística de exportación.

11. Proyección de Líderes Emanados de la Sociedad

El concepto de liderazgo está asociado a la trayectoria de personas impulsoras de organizaciones de la sociedad civil que actúan con una profunda vocación de transformación social.

En una sociedad en constante evolución, los líderes y liderazgos también han cambiado su naturaleza y su origen. La falta de renovación y los conflictos internos en los partidos tradicionales han llevado a una evidente desconexión con la ciudadanía. Los partidos enfrentan la necesidad de ser más competitivos y ofrecer nuevas alternativas.

Los nuevos líderes han dejado de ser una formación inducida desde los poderes fácticos para convertirse en una verdadera construcción social emanada de las bases. Hoy el liderazgo impacta en lo cotidiano. Por ello, la incorporación de nuevos líderes sociales busca revitalizar el sistema de partidos, mejorar la calidad democrática y asegurar que la política responda a las necesidades actuales de la sociedad.

Los nuevos líderes deben entender la realidad porque la han vivido. Su fortaleza debe venir de su origen y no de los intereses cupulares que puedan determinar su destino y su capacidad de persuasión.

Hoy el estado de Veracruz requiere de la proyección de líderes emanados de las bases sociales, preparados para encabezar el cambio social. El liderazgo es visto como una de las piedras angulares para la generación de los cambios positivos a los que aspiramos.

Nuestra organización política reconoce que el liderazgo social no es un punto de partida, sino el resultado final de un largo recorrido que debe transitar por las etapas de concienciación, implicación y compromiso cívico.

En la función del liderazgo social deben reunirse el compromiso con la base, pero también el talento y la profesionalidad en la manera de realizar las tareas y de alcanzar los objetivos; la grandeza de la misión no puede ser una excusa o una simulación para la mediocridad de la acción.

Veracruz es y ha sido la cuna de grandes líderes, y es nuestro deber que esos liderazgos encuentren los espacios de proyección política que les correspondan.

12. Preservar la Cultura y las Tradiciones de Nuestro Estado

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura. La cultura —que se compone por nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones y las distintas expresiones artísticas— representa para el ser humano un hecho vital.

Alianza Generacional por Veracruz es un partido político de origen y destino veracruzanos. Es la voz de nuestras regiones y las aspiraciones de quienes aquí han nacido y que han hecho de esta tierra el hogar de sus familias.

Las tradiciones son conocimiento vivo. Un conjunto de ideas relacionadas que han permanecido a través de los años. Son dinámicas, pues con el paso del tiempo van cambiando, enriqueciéndose con las nuevas épocas.

En contraposición a visiones unilaterales que pretenden instrumentalizar o adoctrinar a través de la cultura, nosotros defendemos la libertad creativa y el pluralismo de la identidad veracruzana, impidiendo que la riqueza histórica sea suplantada por narrativas dogmáticas o de facción.

La razón por la que las tradiciones son importantes es que transmiten valores compartidos, historias y objetivos de una generación a otra. Ellas motivan a las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva.

Es urgente consolidar un discurso estructurado, transversal y prospectivo que evidencie la importancia de la cultura y las artes en la generación de empleo, el bienestar social, la democracia y la gobernabilidad.

Nuestra diversidad y riqueza cultural es extensa, herencia de las civilizaciones mesoamericanas más importantes unidas con el mestizaje histórico.

En la entidad coexisten desde vestigios prehispánicos hasta ciudades modernas y prósperas, donde se combinan paisajes naturales, historia y tradición. Pero, sin duda, uno de los principales valores culturales del estado está en su gente, caracterizada por su hospitalidad, calidez y alegría.

A través de los años, diferentes grupos étnicos como los totonacas, nahuas, otomíes, tepehuas y otras identidades, aunadas a las raíces afrodescendientes y migraciones internacionales, han conformado un mestizaje sin igual. Baste decir que de las 68 agrupaciones lingüísticas que existen en México, 15 se hablan en Veracruz.

Alianza Generacional por Veracruz promoverá la participación política acorde al principio de inclusión a la pluriculturalidad étnica y multiculturalidad, como una forma de reconocer una ciudadanía en la igualdad y la libertad.

13. Lealtad con Veracruz

La lealtad es un sentimiento de respeto a principios morales y éticos, a compromisos de honor y a juramentos establecidos hacia una causa, territorio o país. Para quienes hemos nacido o echado raíces en esta tierra, Veracruz lo significa todo; por ello, entregamos a este estado nuestra lealtad incondicional como una muestra de nuestra gratitud. Ser leal es mantener una firme convicción de cumplimiento con las normas y leyes del estado; es cuestión de honor y de pertenencia.

La lealtad implica un compromiso activo. Desde nuestra actividad pública expresamos que nuestra lealtad a Veracruz es una forma de ratificar ese compromiso con sus habitantes y sus instituciones. Nada puede estar por encima de nuestra causa común. Es nuestro propósito ser leales con nuestros principios, actuando en armonía con lo que sostenemos.

La honestidad es la única cualidad que establece lazos sólidos que brindan garantía de sostenibilidad a cualquier proyecto político, económico o social a corto, mediano y largo plazo; porque la lealtad va en dos sentidos: de electores a candidatos, pero sobre todo, de gobernantes a gobernados.

14. Inclusión de las Minorías y Grupos Vulnerables

Las minorías constituyen a menudo los segmentos más marginados de la sociedad y sufren intolerancia y atropellos a sus derechos humanos. El respeto a sus derechos, así como su inclusión política y social, es clave para mantener la estabilidad y garantizar nuestra convivencia.

Consideramos que la democracia representativa plena es incompatible con cualquier intento de diluir las demandas legítimas de los grupos vulnerables bajo el argumento de visiones mayoritarias uniformes. El pluralismo democrático exige el reconocimiento de la diversidad como una fortaleza colectiva.

La democracia implica igualdad e inclusión. Veracruz no puede tener ciudadanía de primera y de segunda en el ejercicio de derechos. En Alianza Generacional por Veracruz abrazamos la idea de inclusión no como una concesión selectiva, sino como una condición necesaria para consolidar nuestra normalidad democrática.

Asumimos el compromiso de ser la voz y el canal de representación de las minorías, incluyendo de manera prioritaria a los pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas de la diversidad sexual (LGBTTTIQ+) y grupos vulnerables, enriqueciendo nuestra diversidad y legitimando nuestra propuesta política mediante acciones afirmativas reales. (Compromiso de Inclusión Colectiva).

La discriminación es uno de los grandes obstáculos que deben superarse si de verdad se quiere construir un Veracruz justo. Su persistencia impide que pueda fortalecerse la cohesión social y limita las posibilidades de impulsar nuevas relaciones de solidaridad.

15. Promover una Ciudadanía Fundada en Valores

Hablar de ciudadanía es hablar de derechos y deberes. La educación para la ciudadanía y la educación en valores es un pilar básico para la construcción democrática de nuestra sociedad. El derecho a la igualdad, a la libertad de creencias, a la expresión de las mismas, a la participación en las decisiones colectivas y a la justicia social son valores irrenunciables hacia los que no cabe una actitud pasiva.

Reconocemos que la educación en valores éticos es fundamental para la formación de ciudadanos que tengan una mente abierta y crítica, que trabajen por superar las desigualdades y las injusticias sociales, por el logro del bien común y por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.

Por otro lado, una ciudadanía con principios institucionales claros garantiza la preservación de la democracia, el Estado de derecho y la estabilidad económica a largo plazo. Frente a visiones simplistas de problemas complejos o tendencias a la hiper concentración de facultades gubernamentales, promovemos la racionalidad, el debate técnico, el pluralismo y el respeto a la legalidad.

Una sociedad que responde a sus valores asume su papel responsable en la toma de decisiones, asumiendo como un motor de participación cívica activa y rechazando la pasividad o la dependencia de programas asistenciales sin fines de superación productiva.

16. Una Economía para el Bienestar y el Desarrollo

En la actualidad, la economía no puede estar solo al servicio de los privilegios ni de los intereses individuales desmedidos, ni de aquellos que querrían utilizar al Estado para imponer un control absoluto. México y los estados que integran el pacto federal deben trabajar por alcanzar una economía eficiente que esté al servicio del ciudadano.

La valoración del crecimiento —tomando como referencia el PIB o el ingreso per cápita— carece de sentido si solo se privilegia la concentración de la riqueza o la administración de la escasez. En las circunstancias actuales, podemos observar a regiones enteras obtener crecimiento macroeconómico sin desarrollo social real.

El costo de las políticas fiscales irresponsables o basadas en criterios puramente electorales es sumamente elevado, ya que inhibe la certidumbre jurídica, debilita la inversión productiva y compromete el desarrollo de las próximas generaciones mediante deuda e inflación.

Por esta razón, en Alianza Generacional por Veracruz proponemos una economía que privilegie y reconozca las características y vocaciones de nuestra entidad.

Nuestra propuesta busca construir una economía que funcione, donde la inversión nacional y extranjera, el empleo formal y una justa distribución del ingreso sean sus fundamentos.

El gasto público debe ser destinado al combate a la pobreza, no como un mecanismo de control clientelar o subsidio pasivo, sino como un verdadero impulso a la actividad productiva y a las capacidades de las personas.

17. Veracruz ante el Entorno Global y el Desarrollo Sostenible

Las relaciones internacionales y el orden global se encuentran en un periodo de profunda transición y reconfiguración geopolítica, donde diversos actores buscan debilitar el entorno jurídico internacional y los mercados tradicionales se vuelven más complejos y transaccionales.

Frente a este panorama, las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de las Naciones Unidas 2030 constituyen un marco de referencia obligatorio e inmediato para medir el avance real de las comunidades.

Para México, Veracruz representa un jugador estratégico en la economía global gracias a su ubicación marítima y comercial. Para estar a la altura de las circunstancias, nuestro estado debe centrar su estrategia en la sustentabilidad, la competitividad industrial y la resiliencia económica.

Ante este panorama, el Partido Alianza Generacional por Veracruz se compromete a actuar como un puente estratégico que impulse políticas locales orientadas a la sustentabilidad, la transición energética, la atracción de inversiones tecnológicas y la defensa de la soberanía económica regional, protegiendo siempre los derechos y el empleo de las y los trabajadores veracruzanos frente a las dinámicas globales.

18. Promover el Reencuentro Generacional

El entreveramiento generacional, o la convivencia e interacción activa entre personas de diferentes edades, es fundamental para el desarrollo social y económico de Veracruz, ya que promueve una cultura de entendimiento, participación y transferencia de conocimientos.

Nuestro estado requiere hoy de un nuevo reencuentro generacional que garantice una mejor cohesión social y una sociedad civil mejor organizada. Esta alianza rompe estereotipos, reduce el aislamiento en adultos mayores y fomenta la empatía y habilidades sociales en la juventud.

Este reencuentro generacional ofrece ventajas sustantivas, como la transmisión de saberes y cultura, lo que permite que las tradiciones, costumbres y valores familiares no se pierdan, al tiempo que las nuevas generaciones aportan perspectivas frescas, energía e innovaciones tecnológicas.

Buscamos la eliminación de prejuicios y fomentar el respeto mutuo que ayude a ver la vejez como una etapa de crecimiento, sabiduría y dignidad activa. Esto debemos llevarlo a toda la actividad pública para erradicar cualquier sesgo de discriminación por razón de la edad.

En cumplimiento con lo dispuesto por la legislación electoral vigente, los principios aquí proclamados son de observancia obligatoria para todos los órganos internos, dirigentes, militantes, simpatizantes y candidatos del Partido Alianza Generacional por Veracruz.

Nuestra fe democrática radica en el cumplimiento irrestricto de esta Declaración, comprometiéndonos a difundirla, defenderla y traducirla en acciones concretas para el desarrollo integral, la justicia y la paz de nuestro estado.

Oficinas del Comité Ejecutivo Estatal:

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